Antonio Lacayo
Mucho se ha escrito sobre la reciente concesión dada por el gobierno de Nicaragua al señor Wang Jing para la construcción de un Canal Interoceánico. Pero hay un punto que nos debe invitar a reflexionar: el deseo del señor Wang de contar con reglas del juego que se respeten y se mantengan a lo largo del tiempo.
Mr. Wang ha pedido lo que cualquier inversionista quisiera tener para recuperar lo que invierte. Un Canal Interoceánico requiere al menos 50 años para ello. Y la pregunta es: ¿podemos los nicaragüenses asegurarle a alguien que en el plazo de 50 años no se le van a cambiar las reglas del juego que se le ofrecen al inicio?
Veamos nuestra historia. Cuando nos convertimos en nación independiente en 1821, ni siquiera pasaron 35 años para que unos nicaragüenses llegaran al extremo de traer a un norteamericano, William Walker, a pelear contra otros nicaragüenses. En poco tiempo hasta se hizo presidente del país. Imposible según nuestra Constitución pero así fue.
Vinieron luego los gobiernos conservadores, muy estables. Pero 35 años después tuvimos la revolución de 1893. Los revolucionarios liberales no vieron con buenos ojos lo que habían hecho los conservadores, ni siquiera un Canal que se había comenzado a construir en Greytown. Allí quedaron tiradas las dragas que hoy día aún se observan en la bahía de San Juan de Nicaragua.
A raíz de la revolución liberal, y durante los siguientes 40 años, tuvimos cambios de Constitución, confiscaciones a conservadores, golpes de Estado, intervenciones extranjeras, y asesinatos a personajes públicos como Sandino, hasta subir Somoza a la Presidencia por medio de las armas y, de nuevo, otras reglas del juego.
Una vez que subió Somoza se dieron confiscaciones a ciudadanos alemanes, nuevos cambios a la Constitución, más asesinatos a figuras públicas e insurrecciones armadas. Y a los 43 años otra gran revolución, en 1979, que destronó al último Somoza y borró la Constitución vigente.
A partir de ese año se inició la confiscación de nacionales y extranjeros, se incubó una fortísima contrarrevolución con apoyo de Estados Unidos, una nutrida presencia de militares cubanos y armamento soviético, guerra civil, miles de muertos, infraestructura destruida, dictadura militar con un pavoroso retroceso económico y nueva Constitución.
Finalmente, en 1990 entró un nuevo gobierno producto de unas excepcionales elecciones limpias, las primeras y casi las últimas en la historia del país.
A raíz de ese momento el país pasó a vivir bajo un régimen democrático, se terminó la guerra civil y se comenzó a enderezar la economía en base al pleno respeto a la propiedad privada y a la libertad empresarial, se devolvieron muchas propiedades a sus legítimos dueños y se consolidó la alternancia en el poder por medio de elecciones libres.
Pero tan solo 18 años después los procesos electorales comenzaron a ser cuestionables, se cambió nuevamente la Constitución, de hecho, para autorizar una candidatura no permitida, y se privatizó la ayuda externa venezolana en favor de la familia gobernante.
Con todo este historial de cambios constitucionales, revolucionarios y golpes de mano, no es de extrañar que el señor Wang haya pedido lo que le dieron, lo que no justifica que el presidente Ortega haya hecho lo que hizo. Nadie sensato puede confiar en que los nicaragüenses vamos a mantener intactas las reglas del juego cuando nuestra historia de casi 200 años demuestra que las cambiamos continuamente.
Si Mr. Wang pidió todo lo que pidió porque necesita 100 años para recuperar su posible inversión, debemos caer en la cuenta que todos los inversionistas que necesitan 50, 25 o 10 años para recuperar las suyas, como los generadores de energía renovable, los cafetaleros, los ganaderos, etc., requieren iguales condiciones, y también los que necesitan 5, 2 o 1 año, como los cañeros, los frijoleros y demás productores.
En general, todo inversionista agropecuario o industrial, comerciante, turístico o minero, sea quien sea, especialmente los nicaragüenses, necesitamos reglas claras del juego que se respeten y se mantengan. Y requerimos que la propiedad privada y los contratos sean sacrosantos. Es la única forma de atraer inversiones importantes y generar verdadero desarrollo.
La pregunta es: ¿hacemos una ley como la 840, especial para cada proyecto, mega, grande, mediano o pequeño, o generamos en el país el estado de derecho, los tribunales de justicia y las fuerzas del orden público que nos den estabilidad y garanticen que la inversión, la propiedad y los contratos van a ser respetados?
El camino es claro: el respeto a la ley por parte de todos, gobernados y gobernantes, el apego a la Constitución vigente, y la búsqueda de un consenso nacional en torno a un proyecto de nación. Entre más temprano comencemos, mejor nos irá. Sin ello, aún el Canal peligra. El autor fue ministro de la presidencia de Nicaragua.
