León de la Torre Krais
Hace 300 años terminaba una larga guerra por la sucesión en la Corona de España, que enfrentó a diversas regiones y a todas las potencias europeas del momento. En la paz con Reino Unido, firmada en Utrecht el 13 de julio de 1713, España tuvo que ceder el castillo, el puerto y la entonces pequeña población de Gibraltar, estableciendo un derecho preferente para recuperar este territorio en el caso de que la Corona británica decidiera enajenarlo de cualquier modo.
En estos tres siglos España no ha dejado de reivindicar Gibraltar, incluso a través de enfrentamientos bélicos. Ya de la mano de Naciones Unidas, en 1963 Gibraltar fue incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización y varias resoluciones de la Asamblea General han tratado específicamente este contencioso; la 2070, que insta al diálogo entre España y Reino Unido o la 2429, que pide al Reino Unido que ponga término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de… ¡1969!
Según Naciones Unidas:
—Gibraltar es una colonia.
—Su existencia es contraria a la Resolución 1514, “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, pues de acuerdo con la misma “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. No se reconoce el derecho a la autodeterminación a Gibraltar.
—El contencioso debe resolverse mediante negociación bilateral España-Reino Unido.
Reino Unido rechazó expresamente acatar las resoluciones de Naciones Unidas en 1969 y España interrumpió las comunicaciones terrestres de Gibraltar con una verja.
Con la transición democrática en España se inició una nueva etapa en la resolución de este contencioso bilateral, gracias a las declaraciones de Lisboa (1980) y Bruselas (1984). El llamado “Proceso de Bruselas” apostó por un espíritu de amistad y de respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, entre dos países ya socios del proyecto de integración europeo, un nuevo marco de negociación que permitió restablecer las comunicaciones terrestres de la colonia de Gibraltar. Las negociaciones llegaron a estudiar la fórmula de la cosoberanía, española y británica, pero desde 2002 Reino Unido se niega a continuarlas.
Mientras tanto y para dar solución a aspectos técnicos y de cooperación local, en 2004 se abrió el Foro de Diálogo sobre Gibraltar. Pese a algunos avances en beneficio de las poblaciones de Gibraltar y de las regiones españolas vecinas, este foro ha querido ser utilizado por las autoridades locales de Gibraltar como un mecanismo para tratar asuntos de soberanía, lo que solo es posible —y deseable— entre España y Reino Unido.
Hace 300 años España perdía Gibraltar por el derecho de conquista en una guerra. Hoy es la única colonia que existe en Europa, contradictorio con el proyecto de integración europeo que compartimos España y Reino Unido. De hecho Gibraltar no forma parte del territorio británico, sino que conforme al artículo 355.3 del Tratado de Funcionamiento UE es un “territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro”, el Reino Unido. Gibraltar no forma parte de la unión aduanera, de la Política Agrícola Común, del espacio Schengen o del régimen del IVA.
Mi gobierno ha propuesto en 2012 negociar bilateralmente los asuntos de soberanía y retomar el diálogo a cuatro bandas (con las autoridades locales de Gibraltar y de Andalucía) para los asuntos técnicos que no afectasen a la soberanía o a la jurisdicción. Lamentablemente, no se ha podido iniciar el diálogo en ninguna de las vertientes y se han sucedido hechos e incidentes que han deteriorado la situación:
—En marzo 2012 las autoridades locales de Gibraltar rescindieron unilateralmente el acuerdo con los pescadores españoles, lo que ha provocado episodios de tensión.
—El 24 y 25 de julio de este año, las autoridades locales de Gibraltar han perpetrado un grave acto unilateral en materia pesquera y medioambiental, como es el lanzamiento en la Bahía de Algeciras de setenta grandes bloques de hormigón para evitar la pesca. Los vertidos se han realizado en aguas españolas, sin ningún tipo de autorización, persiguen agravar el contencioso pesquero y pueden ser considerados violaciones del Derecho Internacional, de la Unión Europea y del Derecho Penal Español.
—En estos momentos las autoridades locales de Gibraltar están intentando construir dos espigones que vulneran el Tratado de Utrecht y posiblemente Directivas comunitarias en materia medioambiental.
—Mi gobierno quiere combatir la práctica del bunkering en las aguas colindantes a Gibraltar, por el riesgo elevado medioambiental por eventuales vertidos. Tanto los derrames habituales como los accidentes que se producen, han llevado a ecologistas a calificar el Estrecho de Gibraltar como una “gasolinera flotante”. Para hacer frente a las necesidades de protección del medioambiente se estudia una tasa por congestión en el tráfico fronterizo de Gibraltar, un mecanismo que se aplica en la City de Londres desde 2003 con éxito y que sería plenamente compatible con las normas comunitarias sobre la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital.
—La opacidad del régimen fiscal de Gibraltar permite que con apenas 30,000 habitantes cuente con más de 21,000 sociedades registradas, la mayoría por no residentes que buscan la evasión fiscal a través de la deslocalización ficticia de empresas. Indudablemente muchos evasores fiscales serán españoles, pero España y Reino Unido estamos obligados a hacer cumplir el derecho comunitario.
—Gibraltar, fuera del régimen aduanero comunitario y sin impuestos como IVA y otros especiales, es un foco de contrabando. En 2012 se importaron p.ej. 140 millones de cajetillas para una población de 30,000, que fumaría una media de casi 5,000 cigarrillos al año, una cifra que justifica reforzar los controles al cruzar la frontera.
Hay muchas razones para volver al diálogo, pues es necesario encontrar soluciones, hacer cumplir la ley y rebajar la tensión vivida en las últimas semanas por Gibraltar, incluida la presencia de la armada británica. España está ya esperando la colaboración de la Comisión para estudiar los controles en la frontera y la investigación de las violaciones en materia de pesca, protección medioambiental y lucha contra el fraude fiscal. La UE no es competente para abordar la resolución de conflictos de soberanía entre Estados Miembros, pero la Comisión, como guardiana de los Tratados, debe fiscalizar la aplicación del Derecho UE en Gibraltar, que es responsabilidad del Reino Unido y también de España. España mantiene su oferta de diálogo con el Reino Unido, tanto sobre la cuestión de fondo de la soberanía, como sobre aspectos de cooperación local, en beneficio de todos. Ojalá se acepte pronto. El autor es Embajador del Reino de España en Nicaragua.
