El martes de esta semana se realizaron en Managua dos importantes eventos sobre el estratégico proyecto del Gran Canal Interoceánico por el territorio de Nicaragua, en los cuales se presentaron dos enfoques diferentes, opuestos inclusive.
Uno de ellos fue la conferencia promovida por la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (Amcham), denominada “La oportunidad del Gran Canal de Nicaragua: El inicio y los retos a superar”. El otro fue el Segundo Foro Académico sobre el proyecto de Canal Interoceánico por Nicaragua, realizado por la Academia de Ciencias de Nicaragua en la Universidad Centroamericana (UCA). En el primero, los conferenciantes fueron el vocero de la empresa china concesionaria del proyecto canalero, el boliviano Ronald MacLean Abaroa, y Alberto Vega, quien es el gerente nicaragüense de la firma internacional que está haciendo —o hará— los estudios de factibilidad. Y en el acto de la UCA, los expositores fueron el experto ambiental internacional, Pedro Álvarez, el director del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA), Salvador Montenegro, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana (UAM), doctor Alejandro Aguilar y el experto en derecho fiscal doctor Julio F. Báez.
Que ambos eventos tuvieran lugar el mismo día fue una afortunada coincidencia, pues permitió que los medios de comunicación reportaran al mismo tiempo los dos enfoques, lo cual ayuda a los ciudadanos que se interesan por los grandes problemas nacionales a tener una visión más completa y equilibrada acerca del tema del Canal.
Cabe señalar que la presentación en Amcham de los representantes de la compañía china a la cual se le dio la concesión canalera, fue más bien frustrante, porque no aportaron nada nuevo sobre el proyecto. Inclusive fue sorprendente que el funcionario de la firma extranjera a cargo del estudio de factibilidad del Canal, de quien se esperaban explicaciones esclarecedoras y tranquilizantes, en vez de responder a las preguntas expresó que no podía hacer comentarios sobre los estudios de factibilidad, porque hay de por medio un acuerdo de confidencialidad.
Sin embargo, el presidente de Amcham, Diego Vargas, fue muy claro y categórico, pues al ofrecer la conferencia expresó que el sector empresarial que él representa está dispuesto a acompañar y a respaldar el proyecto de construcción del Gran Canal, pero con transparencia y respeto al orden jurídico, a la institucionalidad, al medioambiente y los recursos de Nicaragua. “Que se me escuche bien —expresó, tajante, el presidente de Amcham—: Si quieren que el sector privado nacional e internacional acompañe esta magnífica idea, estamos dispuestos. Estamos listos, sin vacilar. Eso sí: sin chanchullos, sin truculencias, sin dados cargados, sin favoritismos. Es decir, sin ninguno de los vicios que en el pasado, evitaron que el Canal fuese una realidad”.
Muy bien por Amcham. Pero precisamente por ser todo lo opuesto a los requisitos de calidad, transparencia y ética que reclama esta asociación empresarial, es que se cuestiona la concesión canalera que el Gobierno de Daniel Ortega ha dado a la empresa china de Wang Jing. Lo mismo que por el probable daño letal que la construcción del Canal le podría causar al lago Cocibolca, y por las graves irregularidades jurídicas de la concesión canalera que fueron demostradas en el Foro Académico de la UCA.
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