Ramón H. Potosme
Esta semana la Unión Demócrata Cristiana (UDC) introducirá el último recurso ante el poder judicial nicaragüense para tratar de recuperar la personalidad jurídica que le quitó el Consejo Supremo Electoral (CSE), previo a las elecciones municipales del 2012.
El siguiente paso será la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negación del derecho a ser electos y a elegir. Para ello ya existe jurisprudencia, según el diputado Agustín Jarquín Anaya, también presidente de la UDC.
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El caso del partido indígena Yatama contra el Estado de Nicaragua fue el primer caso contencioso que resolvió la CIDH y uno de los derechos vulnerados fue el de elegir y ser electos. La sentencia ordenó al Estado de Nicaragua reformar su Ley Electoral de tal forma que no vulnerara los derechos de los pueblos originarios.
Según José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), la Corte sienta jurisprudencia sobre temas electorales que hasta antes del 2005 en algunos países se creía que no eran materia jurídica y por eso se le otorgaba a los órganos electorales niveles de Tribunal Supremo o Consejo Supremo. De esta forma los temas electorales deben tener otra instancia a la cual recurrir.
Jarquín agrega que existe jurisprudencia a nivel nacional en el caso de partidos nacionales que habían perdido su personalidad jurídica y que luego fueron restituidos por el CSE por haber actuado mal.
Jarquín considera que las reformas electorales y constitucionales del año 2000 pervirtieron el sistema electoral y si bien la Ley que existía en ese momento no era perfecta era mucho mejor que la que negociaron el expresidente Arnoldo Alemán y el entonces líder de la oposición, Daniel Ortega.
El CSE canceló la personalidad jurídica a la UDC poco después que ese partido rompiera 12 años de alianza con el partido de gobierno. Entonces, el diputado Agustín Jarquín Anaya había lanzado su candidatura a la Alcaldía de Managua dentro de la alianza con el Frente Sandinista y luego oficialmente por la UDC.
RETARDACIÓN DE JUSTICIA
En septiembre del 2012 la UDC introdujo su recurso de amparo pidiendo la suspensión del acto, pero el tribunal no se ha pronunciado lo que para Jarquín evidencia que hay retardación de justicia.
En el recurso de amparo señalan que el CSE no trató el trasfondo del recurso, “no porque no sea materia electoral sino porque de una forma arrogante e incurriendo en flagrante falsedad, no existió nunca comunicación alguna mandándonos a subsanar los posibles defectos o sustituir los listados presentados”.
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