Se ha estado hablando mucho sobre el Gran Canal, que sin duda estará atravesando territorios ocupados ancestralmente por pueblos indígenas y afrodescendientes, territorios que llevan sus historias, sangre y cultura desde hace siglos. El tema del Gran Canal en el Atlántico nos da mucho más asombro por varios factores. Está lo económico, no sabemos cómo nos beneficia; lo social, la emigración que se dará de personas de todas partes del istmo para participar en esta obra, trayendo así una transculturización sino se aprueban las políticas culturales del Atlántico que se mantienen engavetadas.
Hay un tema que no se menciona por los medios de comunicación nacional, por los grandes economistas ni tampoco por el presidente, es el tema de la consulta, ¿se ha consultado este proyecto con los territorios indígenas y afrodescendientes? Soy parte de uno de los gobiernos comunales y estoy seguro que no se nos ha hecho ninguna consulta, no sabemos de su alcance y gracias a la relación con los otros gobiernos comunales y territoriales estos manifiestan la misma incertidumbre y desconocimiento.
Gracias a ambas universidades autónomas, los esfuerzos de muchas organizaciones no gubernamentales y 25 años de autonomía, ahora se despierta el gigante, somos pensantes, no se nos pueda engañar con convenios, pactos y tratados de anexión que nos afectan directamente sin saber su contenido y sin una consulta con los pobladores originarios de la región. Cuando hablamos de consulta no nos referimos a políticos que después de obtener un escaño o cargo emigran al Pacífico del país a hablar en nombre de los costeños sin que se vislumbre o se sientan los resultados de sus gestiones, estamos hablando de consultas con la masa que será afectada directamente, la masa que se levanta y vive a diario en esta parte del país, sin empleo y sin vivir bonito.
Los megaproyectos al final no vienen a resolver las necesidades insatisfechas de la población sino que vienen a resolver problemas económicos de muchos políticos desgastados que buscan un retiro, sino me creen busquen por internet los problemas generados por los grandes proyectos de hidroeléctricos y carreteras a los pueblos nativos en áreas donde se ejecutan y quiénes logran vivir bonito, me gustaría que vinieran a preguntarle a los gobiernos comunales en la RAAS sobre los beneficios que han percibido o percibirán de la hidroeléctrica Tumarín.
La Ley 445 y el convenio 169 de la OIT obligan al Estado de Nicaragua a consultar a los pueblos indígenas y afrodescendientes la aprobación de los grandes proyectos de inversión, desarrollo y concesiones, la Ley 445 logra un aprovechamiento y distribución equitativa de las ganancias por el aprovechamiento de los recursos naturales y las inversiones en sus territorios, pero bueno eso sucede solo en teoría.
Actualmente estamos en un proceso de demarcación y titulación de lo que fue la Mosquitia, pero no se escucha hablar sobre esto en los medios nacionales, por lo tanto, el ceder concesiones durante este proceso sin la aprobación de los pueblos es ilegal, inmoral y lamentablemente discriminatorio.
Cualquier proyecto en territorios del Atlántico, concesión o inversión debe de pasar por sus respectivos gobiernos y concejos regionales además de los gobiernos comunales y territoriales, lamentablemente esto no se escucha a nivel nacional, por lo tanto surge la pregunta ¿Es este un nuevo paradigma de invisibilización y conquista? El autor es Coordinador de KONIC (Kriol Organisation of Nicaragua)
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