Casi todos los que cuestionan la concesión canalera de Daniel Ortega al chino Wang Jing, hacen la salvedad de que su oposición no es al Canal propiamente dicho, sino a la turbiedad de su negociación y a las condiciones onerosas de su concesión, que son iguales o peores que las del Tratado Chamorro-Bryan de 1914.
En realidad, no son pocas las personas que ponderan el Canal como la fórmula soñada y por mucho tiempo esperada para que Nicaragua emprenda el camino del desarrollo y salga de la pobreza y el atraso. Sin embargo también hay quienes de plano no están de acuerdo con que se construya una vía interoceánica acuática en Nicaragua, aunque por temor al poder orteguista o simplemente por no llevar la contraria ni parecer aguafiestas no se atreven a expresarlo en público.
Pero deberían decirlo abiertamente y presentar sus argumentos, que sin duda son atendibles, como por ejemplo los que han expuesto expertos ambientalistas de la talla del doctor Jaime Incer Barquero, de que sería mucho más lo que perdería el país si el Canal arruina el agua del lago Cocibolca, que lo que podría ganar con los supuestos beneficios económicos que según Ortega se derramarían sobre Nicaragua.
Para justificar la rapidez con la que fue pactado y aprobado legislativamente el Tratado Ortega-Wang Jing, así como la falta de consultas y discusión pública previa, el oficialismo alega que el tema ya estaba suficientemente discutido pues de esto se viene hablando desde la época de la conquista española. Pero el hecho es que no se consultó a los sectores directamente interesados y mucho menos a la ciudadanía en general, como lo prevé para casos como este la Constitución Política de la República. Incluso las propuestas jurídicas responsables y válidas que presentó el Cosep, en el poquísimo tiempo que le dieron para opinar, fueron arrogantemente despreciadas por Ortega y su aplanadora legislativa que aprobó la concesión canalera a paso de matacaballo.
Evidentemente Daniel Ortega tiene por ahora poder absoluto para pactar una concesión canalera vendepatria y aprobarla sin tomar en cuenta a nadie, pero no puede impedir que se discuta y cuestione públicamente. Tanto quienes creen que el Canal es necesario y factible, pero repudian el Tratado Ortega-Wang Jing porque sus condiciones son onerosas para la soberanía nacional; como las personas que piensan que lo mejor es conservar el patrimonio natural y nacional del Gran Lago en vez de arruinarlo o arriesgarlo con la ruta canalera, tienen derecho de decirlo y no solo para honrar la libertad de expresión que todavía nos queda sino también porque no se debe considerar que el Tratado Ortega-Wang Jing es ya irreversible.
Para algunos el Canal es un sueño que se debe convertir en realidad, pero para otros esto sería cuando menos un gusto dudoso, como lo ha advertido por medio de LA PRENSA el ingeniero Guillermo Nóffal Zepeda, maestro en ciencias y profesor de Evaluación de Proyectos de la OEA. Inclusive podría ser desastroso, porque además de ser ecológicamente destructivo ni siquiera hay seguridad de su sostenibilidad financiera.
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