Ramón Potosme y Martha Vásquez
El excanciller de la República, Francisco Xavier Aguirre Sacasa, no cree que el proyecto del Canal Interoceánico tenga futuro y vaticina que terminará olvidado como la Refinería El Supremo Sueño de Bolívar.
“A nadie se le había dado una concesión de 40 años, a las dos empresas que se les había hecho una ley no habían cumplido con los estudios y en la Ley 800 esas leyes fueron derogadas”, dijo Castro al ser consultado.
Sin embargo directivos del CINN demandaron en un comunicado emitido el miércoles en Nueva York que respetaran la concesión otorgada en mayo del 2001 para construir un canal seco .
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Aguirre Sacasa resaltó que no hay un socio creíble en este caso, respecto a la empresa HKND y su representante Wang Jing. Además recordó que Panamá está ampliando su Canal para dar paso a barcos de mayor tamaño, mayores a los que pasan actualmente.
El jueves pasado fue aprobada en lo general con 61 votos a favor, 25 en contra, dos presentes y una abstención, la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, que le da la concesión a la compañía china HKND Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited para la construcción del Canal Interoceánico.
“Tal vez dentro de cinco años se acordarán que este es un sueño nonato de El Carmen”, dijo Aguirre.
Por otro lado, el excanciller consideró que la oposición en la Asamblea Nacional desperdició una oportunidad para incluir en un voto razonado y por escrito las razones de por qué la concesión no conviene a Nicaragua.
RECURSOS LEGALES
El constitucionalista Oscar Castillo aseguró que la aprobación de la Ley del Canal es violatoria a la Constitución Política por lo que dijo que debe recurrirse por inconstitucionalidad.
“Debe ante todo recurrirse por inconstitucionalidad esta ley ya que es violatoria de los artículos 1, 2, 6, 44, 50 y 100 de la Constitución Política. Incluso cabe recurrir ante la posible negación de este recurso, ante la Corte Centroamericana de Justicia, pues se trata de un problema de soberanía nacional, de alteración de principios del Estado nicaragüense y que en el marco del tratado de la Odeca y el SICA se altera y vulnera”, indicó Castillo.
“LA CUESTIÓN ES QUE SEA INCONSTITUCIONAL”
Al ser consultada la magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sobre los recursos de inconstitucionalidad dijo que “todo el mundo tiene derecho a recurrir aquí de todo lo que quieran, la cuestión es que sea inconstitucional o no, eso es una cosa que hay que revisarla posteriormente”.
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