Pedro J. Chamorro B.
En mi artículo anterior “Subiendo la primera esclusa” argumentaba que la autoridad del Gran Canal tenía que “subir” la primera esclusa que es conseguir el financiamiento de 40 mil millones para lo que podría ser el más grande proyecto de infraestructura en el mundo, condicionados, por razones de soberanía, a la Ley 800, que estipula que los inversionistas tendrán el 49 por ciento y el Estado de Nicaragua el 51 por ciento.
Dicha ley, que se supone que es el marco jurídico rector del Gran Canal, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y tan solo 10 meses después, se nos presenta un anteproyecto que la contradice y la anula por completo. Como si fuera poco, se pretende que sea aprobado a “matacaballo”, prácticamente con carácter de urgencia, sin hacer las consultas respectivas que una ley de tanta trascendencia requiere en su proceso de formación.
Al parecer, en tan poco tiempo la Autoridad del Gran Canal ya se cansó de buscar inversionistas y ha cedido esta labor, junto con una concesión que no estipula un término de vencimiento, a una empresa oscura, HKND, fundada hace apenas siete meses en las Islas de Gran Caimán y presidida por un abogado chino llamado Wang Jing.
Es decir, según el anteproyecto, si en 100 años el señor Wang Jing no consigue el capital para construir el gran Canal y los otros megaproyectos paralelos, no pasa nada, porque el calendario de entrega y pagos de la concesión comienza a contar hasta que el Canal entre en operaciones, pero bien podría vender las concesiones de los puertos y zonas francas por ejemplo, a quien quiera sin que el Estado de Nicaragua tenga incumbencia alguna.
La propaganda oficial del “supermercado de ilusiones” nos hace creer que “los chinos” ya van a construir el Canal, un país con el que Nicaragua ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, mientras nos presentan una ley que le da todas las ventajas jurídicas a los concesionarios y el Estado de Nicaragua prácticamente rescinde de su soberanía, a cambio de un supuesto traspaso gradual del Canal a lo largo de 100 años. Si el señor Wang no cumple, o el Canal resulta inviable, no hay penalidad.
Tal parece que la ley fue redactada en las oficinas del señor Wang Jing en Hong Kong a su imagen y semejanza. Wang preside una oscura compañía formada en las Islas de Gran Caimán HKND y es el mismo que obtuvo una concesión de telefonía celular que no ha puesto ni siquiera una antena.
En todo el articulado de la ley se estipulan muchas lacerantes obligaciones del Estado con el concesionario, “el Estado deberá”, pero cuando se trata de los beneficios que supuestamente el Estado de Nicaragua va a recibir de la empresa HKND, se estipula que esta únicamente esta deberá “procurar” hacer pagos anuales a la Autoridad del Canal de “hasta” 10 millones de dólares anuales. Es decir: el inversionista no debe hacer más que “procurar” (una buena intención) y lo que hay es un límite, pero podría ser mucho menos. Si HKND o el señor Wang Jing aduce digamos, que no pudo recaudar más que 50,000 dólares, eso es lo que le va a entregar al Estado porque según la redacción de esta ley no tiene la obligación a entregarle más.
A como ha sido señalado por el sector privado, la Ley favorece al concesionario Wang Jing de HKND contra cualquier ciudadano nicaragüense en lo que respecta a las expropiaciones masivas, e incluso menciona el término “confiscaciones” que están prohibidas en la Constitución. El anteproyecto en cuestión estipula que las expropiaciones serán realizadas al valor catastral o al valor de mercado, el que sea menor. Miles de personas podrían perder sus propiedades sin ser compensadas en una forma justa por esta oscura empresa extranjera.
La Bancada Democrática Nicaragüense votará en contra de este proyecto tal como está redactado y dictaminado, por no haber tenido el debido proceso de consulta y por ser un proyecto lesivo a nuestra soberanía, tan mentada y defendida por quienes ahora la entregan a cambio de nada. Podemos vaticinar, que antes de la primera palada de tierra para excavar el famoso Canal, en un futuro gobierno que tendrá decoro nacional, esta concesión será derogada. El autor es diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense y Presidente de la Comisión de Turismo.
