Germán Reyes
Tegucigalpa/EFE
Los hondureños llevan más de 50 años soportando una Policía corrupta que, con honrosas excepciones, ha tenido agentes y oficiales involucrados en robo de vehículos, secuestros, narcotráfico, asesinatos y hasta intentonas de golpe de Estado, entre otros delitos que en su mayoría han quedado impunes.
«Haciendo las salvedades del caso, desde 1959 hemos tenido una Policía militarizada que, como derivación de eso, no ha respetado los derechos humanos, ha sido una Policía corrupta», dijo a Efe Matías Funes, uno de los miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad (CRS), creada en marzo de 2012 por el Gobierno.
La CRS fue creada para diseñar, planificar y vigilar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, incluida una propuesta de reforma de la Policía Nacional, que abarca su depuración, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras actividades.
Funes recordó el pasado oscuro de la fuerza de seguridad ciudadana desde el fallido intento de golpe de Estado del 12 de julio de 1959, contra el entonces presidente Ramón Villeda Morales, por parte del coronel Armando Velásquez, quien entonces contó con apoyo de la Policía y algunos militares. Tras la frustrada asonada de Velásquez, Villeda Morales creó la Guardia Civil, cuerpo que desde el principio tuvo roces con el Ejército que incluso condujeron a hechos violentos en los que murieron policías y militares.
Entonces, los enemigos de Villeda Morales, quien al final de su mandato fue derrocado el 3 de octubre de 1963 por el entonces coronel Oswaldo López, utilizaban la denominación peyorativa de «Ejército negro» para referirse a la Guardia Civil. La existencia de la Guardia Civil también fue uno de los pretextos para que los militares derrocaran a Villeda Morales, otrora líder del Partido Liberal y fallecido en 1971.
El régimen de facto de López disolvió de inmediato la Guardia Civil y creó el Cuerpo Especial de Seguridad (CES), que años más tarde pasó a ser la Fuerza de Seguridad Pública (Fusep), siempre bajo el mando de los militares, aunque en 1993 fue disuelta la temible Dirección Nacional de Investigación (DNI).
Desde 1963 hasta 1998 la Policía de Honduras fue el cuarto brazo de las Fuerzas Armadas de Honduras. «Lo que tuvimos en ese tiempo fue una policía con doctrina y prácticas militares», comentó Funes, quien además considera que el traspaso de la Policía a la égida civil en 1998 «no fue lo suficientemente fuerte para desmilitarizarla».
La ley orgánica de la Policía aprobada y la que vino diez años después, indicó Funes, recogían muchos remanentes militaristas, lo que creó «un gran problema», porque la fuerza responsable de la seguridad ciudadana «ha estado siempre militarizada».
«Uno de los grandes retos es desmilitarizar la Policía», enfatizó Funes, excandidato a la presidencia de Honduras por el partido de izquierda Unificación Democrática, docente universitario, analista y escritor.
Uno de los proyectos propuestos en 2012 por la CRS, que integran tres hondureños y dos extranjeros, es la creación de una policía comunitaria, lo que también contribuiría al proceso de saneamiento de la institución policial, que sigue marchando muy lentamente.
Pese al proceso de depuración de la Policía Nacional iniciado a finales de 2011, con frecuencia se denuncia a agentes y oficiales por su participación en diversos tipos de delitos y crímenes, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 54 años, con la diferencia de que en algunas décadas muchos de los casos no trascendieron.
«El problema es que en la Policía hay sectores coludidos con la delincuencia o ellos mismos son delincuentes; tenemos una Policía que no es muy confiable ante los ojos de la población, lo que obliga a una depuración que hasta ahora ha ido muy lenta», dijo Funes.
La situación de la inseguridad es preocupante en Honduras, donde la violencia criminal deja un promedio de 20 muertes diarias. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno que preside Porfirio Lobo no han dado los resultados que la población esperaba, considerando que el gobernante se comprometió en su campaña a brindar «trabajo y seguridad» a sus compatriotas.
A menos de ochos meses de terminar su mandato de cuatro años, que finaliza el 27 de enero de 2014, Lobo no ha podido cumplir ninguna de sus dos promesas de campaña. De muy poco le han servido los tres ministros de Seguridad que ha tenido en lo que lleva de gestión y algunas operaciones conjuntas entre policías y militares con nombres rimbombantes como «Relámpago» o «Libertad», que no han garantizado la seguridad ciudadana.
