Durante la reciente cumbre en Costa Rica de los jefes de estado centroamericanos con el presidente Obama, el comandante Daniel Ortega anunció que Nicaragua procedería a construir un canal interoceánico en nuestro país. Esta afirmación se convirtió en noticia, principalmente en Nicaragua, en donde se ha convertido en el pan de todos los días de los medios.
Un mes después del anuncio, el comandante ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que otorgaría una concesión para estudiar y construir un gran canal interoceánico. En realidad, se trata de un combo de proyectos incluyendo el propio canal, un canal seco o ferrocarril, un oleoducto, puertos de aguas profundas en el Caribe y Pacífico de nuestro país y un aeropuerto internacional. Se estima que este proyecto tendrá un costo de US$$40 mil millones, una cifra seis veces el producto interno bruto de Nicaragua. Y los proponentes del megaproyecto nos aseguran que transformará a Nicaragua creando miles de empleos y una prosperidad que nos convertirá en al menos una nueva Panamá.
Suena bonito. El canal sería como el equivalente nacional de sacarnos el premio mayor en una de las gigantescas loterías que se juegan en Estados Unidos varias veces al año. Y, al igual que todo nicaragüense, desearía que nos “cayera el gordo”. Sin embargo, tengo dudas, serias dudas, con relación a este proyecto. Para comenzar, ¿será técnicamente factible, financieramente rentable y ambientalmente benigno? Y ¿la concesión no es demasiado generosa para el inversionista? Por limitaciones de espacio, abajo abordo tan solo dos de las razones por mi escepticismo.
Primero, para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud se requiere de un promotor con reconocida experiencia y la reputación y músculo financiero para inspirar la confianza necesaria para juntar los fondos que se requieren para financiar este megaproyecto. En Nicaragua se dice que ese promotor lo tenemos. Son los “chinos”. Pero ¿quiénes son estos chinos? En el proyecto de ley se identifica como promotor a HK Nicaragua Canal Development Investment Company (HKC). Hice una búsqueda en Google de esta empresa y encontré varias referencias a ella. Desgraciadamente, prácticamente todas son recientes y ¡fueron tomadas de fuentes nicaragüenses! En otras palabras, HKC no es una empresa con la reputación mundial ni la experiencia internacional para emprender semejante obra. No es un promotor creíble.
Un medio electrónico de prestigio nicaragüense identificó al señor Wang Jing como el hombre detrás de HKC. ¿Quién es Wang Jing? Según Google es el presidente de Xinwei Telecom Enterprise Group. Y ¿qué es Xinwei? En su página web aparece una foto de un edificio bonito que es su sede. Desgraciadamente es un dibujo arquitectónico, un edificio virtual y no una foto de un edificio verdadero. También sale una foto del señor Wang, su presidente, quien afirma que su sueño es convertir a Xinwei, firma que fundó hace trece años, en un líder mundial en telecomunicaciones. Xinwei tiene oficinas, según su página web, en algunos países incluyendo Chipre, la pequeña isla en el Mediterráneo que recientemente cobró notoriedad por el colapso de su sistema financiero, corrupción y por ser un paraíso fiscal. El señor Wang puede ser soñador y tiene derecho a tener aspiraciones en el campo de las telecomunicaciones, pero, al igual que HKC, no tiene ni la reputación, la experiencia o los recursos para impulsar un proyecto de la envergadura de un canal en Nicaragua.
Mi segunda inquietud se estriba en la factibilidad financiera del canal nuestro en vista de la ampliación del Canal de Panamá que estará concluida en 2015. Este proyecto de expansión lo lanzó el expresidente Martín Torrijos de Panamá en 2006 después de que anunciara el expresidente Bolaños que Nicaragua construiría su propio canal. En Panamá hubo un debate nacional extenso basado en estudios sólidos de preinversión. Una vez concluido ese debate, Torrijos sometió el proyecto al pueblo panameño a través de un referéndum y obtuvo un mandato popular abrumador para lanzarlo. Posteriormente reunió a un poderoso grupo de socios serios —instituciones como el Grupo del Banco Mundial, el BID, el Banco Japonés de Cooperación Internacional y el Banco Europeo de Inversión— que no solo apoyan financieramente al proyecto sino que le aportan asistencia técnica para asegurar su factibilidad técnica y ambiental. Además, la obra está a cargo de la Administración del Canal de Panamá, ente genuinamente autónomo y profesional que exitosamente maneja el actual canal.
Contrario a lo que muchos piensan en Nicaragua, el ampliado Canal de Panamá revolucionará al comercio marítimo mundial. Su tercer carril de exclusas permitirá que transiten por él naves que podrán cargar hasta 12,000 contenedores, no el actual máximo de 5,000. Estos barcos “nuevo Panamax” son tan grandes que están ocasionando inversiones masivas en puertos del Golfo de México y de la Costa Atlántica estadounidense para acomodar sus tamaños, calados y números de contenedores. La pregunta de los US$$40 mil millones es ¿será factible el Canal de Nicaragua en vista del ampliado Canal de Panamá?
Como dije al inicio de este ensayo, el proyecto que la Asamblea Nacional considerará da lugar a muchas inquietudes y preguntas que, hasta la fecha, no se han aclarado. Hacer estas preguntas y pedir respuestas a ellas no es ser vendepatria. Es ser responsable. La concesión que está en juego es exclusiva y sumamente generosa. Es inicialmente por 50 años y prorrogables por otros 50 años “a la entera discreción” del promotor. A cambio de esto, HKC se compromete a “procurar” a pagar la módica suma anual de “hasta diez millones de dólares”. Atarnos las manos de esta manera por hasta cien años no se justifica.
Seamos serios. Ventilemos el tema del canal de una manera transparente dentro de la familia nicaragüense. Y después de obtener respuestas a los temas que he tocado en este ensayo —y a los muchos otros que este proyecto presenta— tomemos una decisión sensata y consensuada acerca del canal para que este proyecto no sea una iniciativa más canalera no nata, de las que está repleta nuestra historia. El autor fue presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional
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