Editorial: Nuevo acuero de Telcor y espionaje político
El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) anuló, el viernes 19 de abril, el Acuerdo Administrativo 005-2013 que había dictado el 22 de marzo pasado, mediante el cual pretendía decidir sobre el nombramiento de los gerentes y directores de informática y seguridad de las empresas privadas de telecomunicaciones.
La empresa privada, la oposición política y la sociedad civil independiente cerraron filas en rechazo del ominoso acuerdo de Telcor, que violaba de manera flagrante al menos ocho artículos de la Constitución que garantizan la libertad empresarial y otros derechos de los nicaragüenses.
En particular la oposición política parlamentaria y extra parlamentaria, así como la sociedad civil y los pocos medios de comunicación independientes que sobreviven bajo el régimen orteguista, advirtieron a la ciudadanía que detrás del Acuerdo Administrativo de Telcor para controlar el nombramiento de cargos estratégicos en las empresas privadas de telecomunicaciones, estaba o podría estar el propósito de espiar las comunicaciones telefónicas y por internet de los ciudadanos.
Ahora, en el nuevo Acuerdo Administrativo de Telcor, que es el 006-2013, se establece que las empresas de telecomunicaciones únicamente deben notificarle los nombramientos de sus gerentes y directores de informática y seguridad. Esto es diferente a que tales nombramientos tengan que ser aprobados y al fin y al cabo decididos por el Gobierno, como se ordenaba en el acuerdo anulado. Y aunque se podría decir que de todas maneras Ortega logró en parte su objetivo, porque las empresas de telecomunicaciones tendrán que informar sobre los nombramientos de los cargos estratégicos, la verdad es que una cosa es informar sobre los nombramientos, que en todo caso deben ser públicos, y otra muy distinta es que sean aprobados por el Gobierno.
La pretensión de Telcor de entrometerse en decisiones que son de la soberana competencia de las empresas privadas de telecomunicaciones, motivó necesariamente suspicacias y temores, sobre todo la sospecha de que tuviese la intención de legalizar e institucionalizar el espionaje gubernamental en el ámbito de las telecomunicaciones. Temor al que abonó el mismo director de Telcor, al asegurar que el acuerdo de marras tenía motivos de seguridad pública y que había sido ordenado personalmente por Daniel Ortega. Y sostuvo el funcionario la vieja tesis fascista de que el interés de la seguridad nacional —o sea la seguridad del régimen orteguista— está por encima de los derechos de los particulares.
En realidad, sería una ingenuidad creer que el actual régimen autoritario no ha restablecido o no está interesado en restablecer, aunque sea parcialmente, el odioso sistema de espionaje e intimidación que funcionó en los años ochenta, en la época de la primera dictadura sandinista. En primer lugar, todos los países, incluso los más democráticos, tienen servicios de espionaje (o de “inteligencia” como les llaman eufemísticamente) que son utilizados para garantizar la seguridad interior y exterior. Y además no hay gobierno dictatorial o autoritario, en cualquiera de sus diversas modalidades, que no desarrolle al máximo los mecanismos de espionaje y que no los use para intimidar a la población y para, como lo decía sin tapujo el extinto comandante sandinista Tomás Borge, mantenerse en el poder al precio que sea.
De manera que los empresarios ganaron la pelea del Acuerdo Administrativo 005-2013, pero con o sin acuerdo de Telcor el orteguismo se las ingeniará para desarrollar su sistema de espionaje político con fines represivos.
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