Bogotá/EFE
Las FARC rechazaron hoy que las autoridades colombianas les tachen de narcotraficantes cada vez que se incautan de un cargamento y denunciaron una supuesta «connivencia» de agentes del Ejército y la Policía con los carteles de la droga.
El Estado Mayor del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actúa en la zona del Pacífico, afirmó en un comunicado publicado en su página de internet: «Las FARC somos revolucionarios, no narcotraficantes».
«Ya se ha hecho costumbre inveterada de los altos mandos militares y policiales, ante su incapacidad o complicidad para poner fin al fenómeno del narcotráfico, salir a declarar sin mayor fundamento y ninguna prueba que todo rústico chongo (caseta), cargamento de coca, base de coca o marihuana pertenece a las FARC», señaló.
Esta unidad de la guerrilla se refirió en concreto a la incautación el pasado jueves 25 de marzo de 1,600 kilogramos de marihuana camuflados en una carga de pescado seco y de jabón en polvo que viajaban desde el Cauca (suroeste) e iban a ser distribuidos en Bogotá.
Las FARC destacaron que este decomiso se presentó en el municipio de Melgar, ubicado a medio camino y «cerca al cantón militar de Tolemaida», donde el Gobierno investiga desde diciembre pasado un supuesto cartel de drogas dentro del Ejército tras el hallazgo de 25 kilogramos de marihuana en un avión militar y de otros 79 en el vehículo particular de un soldado.
Al día siguiente de la interceptación del camión de droga y pescado, la Policía reportó el decomiso de otros 7,726 kilogramos de marihuana en dos camiones que también hacían la ruta desde el Cauca a Bogotá y que el director de esa institución, José Roberto León Riaño, dijo que pertenecían al Frente Sexto de las FARC.
«Rechazamos enfática y categóricamente tales acusaciones sin fundamento del comandante de la Policía», continuó el grupo subversivo en el comunicado, antes de calificarlas como «una estrategia orientada a socavar el prestigio de la organización revolucionaria».
Y condenaron que esta campaña de descrédito tome fuerza cuando las FARC y el Gobierno negocian en La Habana, desde el pasado mes de noviembre, una salida política al conflicto armado.
«Ni los cargamentos son nuestros, ni somos narcotraficantes», prosiguió al justificar que los campesinos de los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño siembran coca, marihuana y amapola como consecuencia de «un orden agrario injusto» y del «abandono oficial».
La guerrilla se preguntó cómo esos grandes cargamentos «pueden atravesar sin problema el masivo y tupido cordón militar y policial que cubre esta región, donde hay desplegados más de 32,000 agentes de la fuerza pública.
«Lo que ocultan (las autoridades) es la directa connivencia de los mandos del Ejército y la Policía con los carteles del narcotráfico. De otra manera, no se explica cómo es posible sacar toneladas de marihuana de Corinto, o de pasta base de Caloto, superando multitud de retenes, perros amaestrados y otras medidas de control», concluyó.
Las autoridades afirman que las FARC abarcan varias etapas en el negocio ilegal del narcotráfico, mientras que sus portavoces han insistido desde La Habana en que su participación consiste en cobrar un «impuesto» a los campesinos que tienen cultivos ilícitos en territorios que la guerrilla controla.
