Ramón H. Potosme
900 millones se han entregado a la cooperativa ligada al orteguismo Caruna, pero tampoco se sabe a qué entidad rinde cuentas.
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Una de las razones por las cuales el Gobierno y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no incluyen la cooperación venezolana dentro del Presupuesto General de la República sería porque tendría que dar parte de ese recurso para el seis por ciento, establecido en la Constitución para las universidades y las cuotas correspondientes al poder judicial y las municipalidades, de acuerdo con lo que planteó el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Al respecto, el diputado opositor Enrique Sáenz Navarrete, del MRS, señala que fue el mismo orteguismo quien promovió duras protestas contra los gobiernos anteriores al 2007, para que se entregaran los recursos completos para las universidades. Recordó que el FSLN criticaba a los organismos internacionales y a cualquier cooperación por inmiscuirse en la soberanía del país.
“Este Gobierno exige a los donantes ser respetuosos con nuestras leyes. ¿Esto no es válido para la cooperación venezolana? ¿Ellos sí pueden imponer condiciones para evadir el cumplimiento de nuestras leyes? Por otra parte, el orteguismo quemó vehículos, realizó tranques, se enfrentó a la Policía, hubo muertos y heridos, para que se incluyeran en el presupuesto todos los ingresos a fin de que las asignaciones a las universidades y al poder judicial se mantuvieran. ¿Ahora ya no es válida esa demanda?”, cuestionó Sáenz.
Pese a ese planteamiento, para el legislador hay alternativas como un fideicomiso que permita canalizar esos recursos, bajo una figura legal y administrar los fondos de manera transparente. Para Sáenz, no ha habido voluntad de parte del Gobierno de dar a conocer a los nicaragüenses cómo se invierten esos recursos.
“No es cierto que el único destino posible eran los bolsillos de la cúpula orteguista”, criticó Sáenz.
Para el diputado el problema con el manejo de la cooperación venezolana es que hay un convenio aprobado por los órganos legislativos de Venezuela y Nicaragua, pero que le han permitido al presidente inconstitucional Daniel Ortega que maneje de manera privada aproximadamente 2,500 millones de dólares en los últimos años. De esta manera Ortega ha podido presentarse como benefactor ante un sector de la sociedad, finalizó Sáenz.
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