Más allá de la cedulación

Algunos ciberlectores reaccionaron en contra y otros a favor de dicha denuncia. Los primeros argumentaban que hay mucha gente irresponsable y desobligada con su propio documento de identidad, y tienen toda la razón. Hay quien la pierde por diversas razones, la tramita y luego no la retira en tiempo y forma. Pero no menos cierto es que miles de ciudadanos tramitan su cédula y tienen meses y hasta años llegando al Consejo Supremo Electoral (CSE) a retirar su documento y siempre encuentran una respuesta negativa.

Mientras por otro lado, en el CSE se tramitan con urgencia cédulas a personas identificadas con el partido gobernante y a gente que está implicada en actividades ligadas al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, como fue el caso de un sujeto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que obtuvo cédula nicaragüense sin problemas.

No solo hay un problema enorme de partidarización de la entrega del valioso documento de identidad, sino que se ha perdido la institucionalidad, la transparencia y el rigor en el control de las actividades propias de la administración pública y eso es grave.

En Washington uno de los señalamientos de EyT en dicho informe es que se le provoca al nicaragüense una muerte civil al no emitir las cédulas permanentemente, ya que este documento no solo se utiliza para ejercer el derecho al voto, sino que es necesario para tener acceso a la educación y a un empleo.

También se destacó la cedulación paralela a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), quienes se encargan de tramitar dichos documentos a miembros de su partido, no así con otros ciudadanos que no militan en el partido de gobierno. A esto se le agregó el hecho que los Consejos Electorales Municipales (CEM) solo estén abiertos al público dos meses antes de las elecciones.

En dicha reunión no hubo respuesta por parte del Gobierno, solamente estuvieron presentes los consejeros de la Misión Permanente de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado e Iván Lara, donde Alvarado se limitó a decir que lamentaba el informe presentado, por considerarlo “sesgado y partidario”.

Alvarado calificó de “sesgado y partidario” el informe de EyT, sin embargo, no reparó que quien tiene el control total de las instituciones del Estado es el FSLN y, por tanto, tiene todos los elementos no solo para impedir un proceso transparente de la entrega de cédula, sino que puede maquillar las cifras de a quienes se les ha entregado el documento.

Lara presentó cifras en las que alega que en Nicaragua el 98.2 por ciento de la población con edad de tener cédula de identidad la posee y solo el 1.8 por ciento ha tenido problemas con este proceso, ya sea por dificultades con el certificado de nacimiento o porque no han querido tramitar el documento.

Obviamente ese elevadísimo porcentaje de población con cédula que refleja Lara, da la impresión que Nicaragua tiene un sistema muy avanzado, eficiente, transparente, institucional y apartidario, lo cual no es cierto. Al conocer los argumentos de Alvarado y Lara, pareciera que Nicaragua está a la altura de países que ocupan los primeros lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Luego de escuchar los planteamientos alrededor del problema de cedulación, la comisionada presidenta de la CIDH, Rosa María Ortiz, solicitó a Nicaragua el permiso para que una misión viaje al país para observar el proceso de cedulación. Alvarado se limitó a decir que tramitarán dicha solicitud con el gobierno nicaragüense. Aunque el Gobierno lo permita, las cifras y los procedimientos ya están ajustados para aparentar que todo está bien.

Por eso es que hay que ver más allá de la cedulación. En Nicaragua las cosas cambiarán hasta que haya conciencia individual y colectiva de ejecutar un proyecto de nación que nos lleve a elevar nuestro nivel de vida, pero primero es necesario el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, ser transparentes y mejorar los niveles de educación para entendernos.

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