Durante el fin de semana pasado se realizó en la ciudad mexicana de Puebla la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Como hemos dicho en otras ocasiones, estas reuniones de la SIP tienen mucha importancia porque una de sus funciones esenciales es la defensa de la libertad de prensa, siempre amenazada por sus implacables enemigos que son, ante todo, los gobiernos autoritarios. Y cuando los organismos públicos internacionales de defensa de los derechos humanos son menoscabadas por esos gobernantes antidemocráticos, como sucede ahora, el rol de instituciones civiles como la SIP cobra mayor relevancia.
La reunión de la SIP en Puebla fue inaugurada por el nuevo presidente democrático de México, Enrique Peña Nieto, y en ella participaron eminentes personalidades que se han distinguido en la lucha por la democracia y la defensa de la libertad de prensa. Nos referimos a los expresidentes de Brasil y Ecuador, Fernando Henrique Cardozo y Oswaldo Hurtado, al historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze, y a la valerosa periodista independiente cubana Yoani Sánchez, a quien las autoridades comunistas de Cuba por fin le han permitido salir del país. Todos ellos renovaron su compromiso incondicional con la defensa de la libertad de prensa.
Es muy importante que organismos como la SIP se fortalezcan, porque dentro de pocos días, el próximo 22 de marzo, se reunirán en Washington los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de reducir o poner fin a la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e impedir que siga denunciando y sancionando las violaciones a la libertad de prensa en la región.
El valor que ha tenido esta comisión hemisférica desde su formación, en 1959, derivó precisamente de que en su integración y funcionamiento ha sido autónoma de los gobiernos que pertenecen a la OEA. Es por eso que ha podido actuar con independencia y eficacia en la defensa de los derechos humanos, y particularmente de la libertad de prensa, desde que en 1998 creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
En muchas ocasiones, las denuncias de violaciones a la libertad de prensa que fueron acogidas por la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, se han convertido en resoluciones de condena a los gobiernos infractores. Eso es lo que enfurece a los gobernantes autoritarios que quieren seguir violando los derechos humanos con absoluta impunidad, sin permitir siquiera que sus víctimas tengan por lo menos la posibilidad y el derecho de quejarse públicamente.
De manera que hay que esperar situaciones más difíciles para el derecho a la libertad de expresión y de prensa, después que se apruebe esa reforma a la CIDH que es promovida por los gobiernos autoritarios de la región, incluyendo al de Daniel Ortega. Pero hay que señalar también que esa fechoría se cometerá con la complicidad de los gobiernos democráticos del hemisferio, que por cobardía o la razón que sea, con su claudicante pasividad están permitiendo y de hecho son cómplices de que se esté dando en América Latina y el Caribe una grave y lamentable regresión en la situación de los derechos humanos; cuya defensa quedará ahora a cargo solo de los organismos no gubernamentales.
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