La Enciclopedia Encarta define el terrorismo de Estado como el uso sistemático, por parte de un gobierno, de amenazas y represalias para reprimir a opositores y disidentes, imponer obediencia a las personas inconformes y obligar a la población a que colabore activamente con el régimen establecido.
En julio de 1992, desde la cárcel de Yare, en el estado de Miranda, donde se encontraba preso purgando una condena después de haber encabezado el fracasado pero sangriento golpe militar de Estado del 4 de febrero de ese mismo año, el coronel Hugo Chávez Frías acusó al gobierno del entonces presidente constitucional de Venezuela, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, de practicar el terrorismo de Estado.
“Sobre la angustiada población venezolana se ha desencadenado un auténtico terrorismo de Estado, escondido tras una careta. Las fuerzas policiales, paramilitares y un sector reconocible del estamento militar se han convertido así en simples pero terribles guardias pretorianos, sostenedores de un régimen ilegítimo y desviado del verdadero rumbo que adquiere la nación”, escribió en aquel mensaje enviado desde la prisión, el coronel golpista que dos años después sería perdonado y liberado por el presidente socialcristiano Rafael Caldera, y en 1999, por medio de una elección popular tomaría el poder que no ha querido aflojar hasta ahora, ni siquiera cuando por su gravísima enfermedad ya no lo ha podido ejercer de verdad.
Pero si la política gubernamental que practicaba en aquel tiempo el presidente Carlos Andrés Pérez era terrorismo de Estado, según Hugo Chávez, con igual o mayor razón se puede y se debe calificar como terrorismo de Estado el uso sistemático de la fuerza, de las amenazas y las represalias del gobierno chavista contra la oposición cívica venezolana, y contra casi la mitad de la población que ha votado contra el chavismo y por el regreso a la democracia por la vía electoral.
En realidad, solo como terrorismo de Estado se pueden calificar las acusaciones y amenazas de cárcel contra el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles y otros dirigentes democráticos, porque recibieron respaldo económico de algunos empresarios privados para sus recientes campañas electorales, a lo cual tenían y tienen derecho y de ningún modo y bajo ninguna ley se puede tipificar como un hecho criminal y punible.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en nombre del gobierno amenazó esta semana con meter presos a los líderes opositores, criminalizó a Capriles calificándolo como “el Pablo Escobar venezolano”, lo amenazó peligrosamente asegurando que “por donde muestre la cara palo va a llevar del pueblo”, es decir, del Gobierno, y advirtió que “quien se salga de las líneas e instrucciones del comandante Chávez, el pueblo se lo va a cobrar”. Si esto no es terrorismo de Estado, ¿qué otra cosa podría ser?
En nombre de la oposición, el líder opositor Henrique Capriles ha respondido que no se pondrán de rodillas y seguirán haciéndole frente “al gobierno corrupto y mafioso”. De manera que es de esperarse que el terrorismo de Estado en Venezuela pase de las amenazas a las represalias físicas, ante la indiferencia de la mal llamada comunidad democrática internacional —OEA y Celac en particular— que guarda un silencio cómplice y cobarde.
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