Política grande y pequeña en Nicaragua

Al ser interrogado por los periodistas sobre la elección en la Asamblea Nacional de más o menos sesenta altos cargos del Estado, la cual está pendiente y por eso muchos magistrados y otros funcionarios del mismo rango están ejerciendo de facto sus funciones, el arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, reiteró el miércoles de esta semana la clara y firme posición ética que tiene al respecto la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

“Los obispos siempre abogarán porque se recupere la institucionalidad en el país”, dijo el prelado católico y precisó que “los nuevos funcionarios deben ser personas capaces, profesionales, técnicos, responsables, políticos con visión de futuro. No deben ser funcionarios provenientes de pactos con componendas, de luchas de poder o grupos que pretenden tener mayor influencia, que velen por sus propios intereses”.

Sin duda que es una política grande la que conciben y predican los líderes de la Iglesia católica, impregnada de valores morales, basada en principios genuinamente democráticos, inspirada en los evangelios, orientada a la búsqueda del bien común y por lo tanto al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y la vigencia del Estado de Derecho.

Pero no es una política grande como esa la que se practica en Nicaragua, sino la política pequeña, aquella para la cual lo fundamental es detentar el poder, en el caso del partido gobernante, y para los opositores conseguir cargos públicos, que son de poca o ninguna eficacia pero permiten figurar, son jugosamente remunerados y facilitan oportunidades para hacer otros negocios.

Lo que demandan los obispos para la elección de los altos funcionarios, y lo ha reiterado monseñor Leopoldo Brenes, es lo que necesita Nicaragua y en principio es lo que deberían hacer los políticos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición. Pero, ¿podrá y querrá Daniel Ortega, quien controla más de dos tercios de la Asamblea Nacional y domina todo el Estado, deshacer lo que ha venido haciendo hasta ahora (o sea erosionar la democracia, partidarizar las instituciones, violar la Constitución), con el propósito de mantenerse en el poder a cualquier precio y para siempre?

Que la Asamblea Nacional elija nuevos funcionarios con las cualidades señaladas por el arzobispo de Managua, o al menos con alguna aproximación, solo sería posible si ocurriera el milagro de que Daniel Ortega deje de ser lo que es y se convierta en un político responsable y democrático. Además, suponiendo que la oposición parlamentaria quisiera que los funcionarios a elegir fuesen como dicen los obispos, no lo puede lograr con su representación minoritaria de 26 diputados, quienes se dedican más a pelear entre ellos mismos que a buscar cómo aprovechar para el país su presencia en la Asamblea Nacional. Y es ridículo pretender que negociando con el FSLN y pactando con Daniel Ortega lo van a conseguir.

La oposición debería reclamar la cuota de participación en los cargos a elegir que por derecho de proporcionalidad les corresponde, lo cual no obliga a pactar con Ortega ni a aceptar que la elección sea en plancha, pues significaría votar de manera vergonzante por personas como los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral.

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