Es una elección que tiene más de tres años de retraso, son muchos los cargos que se han acumulado en violación a la Constitución, porque el FSLN inventó un decreto que les daba continuidad en sus cargos, así para todo propósito práctico es como si los actuales magistrados estuvieran a punto de cumplir un segundo término de inconstitucional “reelección”.
De allí la urgencia de cumplir con un mandato constitucional y retornar un poco hacia el camino de la institucionalidad. El gran elector de la gran elección en la Asamblea Nacional (AN) con sus 62 votos es el Frente Sandinista y puede hacer las cosas bien eligiendo magistrados idóneos, o más seguramente, mal, tratando de imponer a quienes les han sido fieles en el fraude.
No obstante, el papel de la oposición no debe ser contemplativo, porque aunque solo tenga 26 votos, tiene la autoridad moral para ponerle un sello de legitimidad a la elección, y también para deslegitimarla si es que el Frente decide ir por la segunda ruta torcida de imponer la reelección de quienes se han desacreditado en tres elecciones fraudulentas.
La Bancada Democrática tiene más fuerza que los 26 votos y si la usa de una forma correcta en una negociación con la bancada mayoritaria —la cual es necesaria y natural en cualquier democracia—, puede lograr más que si únicamente manda una lista y se queda sentada a la espera de un “golpe de suerte”, que no va a ocurrir jamás. La negociación es el medio civilizado de alcanzar acuerdos por el bien común, descartar la negociación implica adoptar una posición de fuerza o principista, que la oposición ciertamente no está.
Un acción importante podría ser exigir en la AN que se integre una nueva Comisión Especial, que reciba y amplíe las listas de candidatos propuestos por ambas bancadas a los diferentes poderes del Estado, y dictamine en forma expedita su idoneidad o no. Recordemos que la actual lista fue dictaminada por la Comisión Especial que se formó en el 2010 y podría resultar muy estrecha para cubrir todas las posibilidades de elección de hombres probos para los diferentes cargos vacantes.
Aunque es cierto que la elección de magistrados es una asignación pendiente de la AN, la culpa de que esta no haya tenido lugar la tiene el Frente Sandinista, porque ellos se sienten cómodos con el actual estado de cosas que lesiona la institucionalidad democrática de la nación. Si ellos con sus 62 diputados quieren elegir, lo pueden hacer de dos maneras: o directamente, o en consenso con la oposición.
Lógicamente, es preferible el consenso que la imposición, pero para lograrlo es necesario establecer un diálogo hasta llegar a acuerdos que no se han dado. De no alcanzarse dichos acuerdos, que sería lo mejor para la nación, el FSLN siempre tiene la opción de elegir por medio de su disciplinada aplanadora.
En cuanto a la posición de vetar o no la reelección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), sería impensable que el FSLN quiera venir ahora a premiar a quienes la población entera sabe que han cometido el fraude, ya no una vez, sino en tres elecciones consecutivas.
En la última elección municipal del 2012, que fue cuando menos robaron, se robaron descaradamente cuatro alcaldías que ni siquiera necesitaban para darle al partido FSLN una victoria contundente, demostrando así que el fraude ya no lo hacen por necesidad, sino por hábito.
Alcanzar el consenso para reelegirlos es una misión imposible y en todo caso, ellos ya han estado bastante tiempo al frente del CSE y es necesario, que como en otros poderes del Estado, haya un recambio de personas hacia el lado de la independencia, tan fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y tan mancillada en años recientes. El autor es diputado de la Bancada Democrática.
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