Toda esta alharaca que se ha producido en torno a la reforma del sistema de pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es puro aire, pues el gobierno orteguista cederá sin ningún pudor a las exigencias del organismo rector de las finanzas mundiales.
Es absurdo creer que los dirigentes sindicales oficialistas batallarán a favor de los jubilados. Durante años estos supuestos defensores de la clase trabajadora han actuado más bien como enemigos de esta y han bailado conforme la melodía que les impone el oficialismo y no hay ninguna razón para suponer que esta vez harán lo contrario.
En la Asamblea Nacional lo más seguro es que las sugerencias fondomonetaristas pasen cholo si esto es lo que conviene a este gobierno, uno de los alumnos más aventajados del FMI en Latinoamérica, organismo al que vilipendiaron a diario cuando de regímenes de derecha (según ellos) se trataba y ellos gobernaban desde abajo.
En ese entonces hablar del FMI era machalá lagarto y se les describía como demonios listos a engullirse a la clase trabajadora; ahora que están prestos a comerse sin bastimento a los jubilados se les presenta con un ropaje angelical al que solo le falta de telón de fondo el Ave María de Shubert.
El oficialismo ha tejido una madeja que conduce a cumplir al pie de la letra lo que le dicta el FMI. Desde hace dos años mantiene congelada bajo dudosos pretextos financieros la aplicación de la Ley 720, que contempla múltiples reivindicaciones a los adultos mayores que son aquellos que han cumplido los sesenta años, sean jubilados o no y que suman unos cuatrocientos mil en todo el país.
Peor aún tienen en la mira a los jubilados, unos treinta y cinco mil que reciben pensión del INSS, como si la suma que reciben (muchísimas veces escuálida) y que por derecho les corresponde sea enorme, cuando la verdad es que esta se encuentra dentro de parámetros perfectamente manejables si la administración del INSS no fuera tan ineficiente y despilfarradora.
Para allanar el camino al FMI, el orteguismo ha creado una organización oficialista de jubilados, la UNAM, que agrupa a unos dos o tres mil, a la que dota de algunos caramelos, como el bono solidario, la canasta básica y otras granjerías a cambio de su adhesión y no hacer muecas cuando de reformar las pensiones se trate. Si es tanto el amor del Gobierno por los adultos mayores ¿por qué no entrega estos mismos beneficios a todos ellos?
El plato fuerte es el aumento de 750 cotizaciones a 1,500 para acceder a la jubilación y aumentar la edad de 60 a 65 años para obtener este derecho. Esto vendría a ser un crimen de lesa humanidad porque se estarían violando los derechos más elementales de la clase trabajadora actual y se les estaría condenando a morir sin recibir nada a cambio, porque tendría que cotizar el doble para calificar como jubilado y ser cinco años más viejo para recibir una mísera pensión que se basa en la media menor del salario recibido de por vida. Una hazaña.
Pero esto vale un carajo al Gobierno obligado más que nunca en cumplir con los ajustes del FMI sobre todo con la ayuda venezolana en vilo. Un fusilamiento anunciado para los jubilados del futuro que tal vez nunca lo serán porque los de hoy ya estamos fritos. EL AUTOR ES DIRIGENTE HISTORICO SOCIALCRISTIANO.
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