Manuel Salvador Abaunza
Colombia es un país que se ha distinguido por su tradicional apego y respeto al derecho de gentes y al cumplimiento de sus compromisos y acuerdos internacionales, aún en los momentos más intrincados de su historia. Al menos esa había sido una constante hasta hace pocos días.
Ante el equitativo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que restituye a Nicaragua espacios marítimos que le habían sido arrebatados por las vías de hecho y la errónea interpretación del Estado colombiano, parecería que ese bien cimentado prestigio de la hermana República del Sur se derrumba desde sus bases, con las declaraciones y la negativa actitud de su presidente Juan Manuel Santos y de algunos de sus funcionarios.
El Derecho Internacional dispone que en lo que concierne a las partes “un juicio de la CIJ es vinculante, final y sin posibilidad de apelación y, como consecuencia de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se compromete automáticamente a obedecer cualquier sentencia de la CIJ en un asunto en el cual sea parte. Colombia y Nicaragua son Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas.
La desmedida reacción del presidente colombiano frente al fallo de la CIJ deja mucho que desear desde cualquier punto de vista; empaña ante la comunidad internacional el buen nombre y prestigio del Estado colombiano, tradicionalmente respetuoso del Derecho Internacional, y no tiene justificación alguna ante los ojos de la prudencia y la sensatez.
En el año 2001 el Estado nicaragüense presenta su demanda contra el Estado colombiano en la CIJ por las razones ya conocidas. En ese momento, Colombia tenía la opción de no aceptar su participación en el caso y podía, para resolver el caso —como en efecto lo hizo— invocar la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas firmado por ambos Estados en 1928 y ratificado en 1930 por los congresos de los mismos, Sin embargo, el Estado colombiano aceptó ir a la Corte, dando “ipso-facto” un reconocimiento a la legitimidad y validez de las reclamaciones del Estado nicaragüense.
¿Se equivocaron acaso? En diciembre de 2007, la CIJ se declara “sin competencia para dirimir el diferendo, rechazando de hecho las pretensiones del Estado nicaragüense de desconocer la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, declarando al mismo tiempo vigente el tratado Esguerra-Bárcenas. Pero simultáneamente, la CIJ admitió su competencia para conocer sobre el diferendo relativo a la delimitación marítima entre las islas e islotes.
En esa oportunidad al celebrar el acontecimiento favorable a los intereses de su país, el agente diplomático colombiano ante la CIJ, Julio Londoño afirmó: “Colombia seguirá ejerciendo soberanía en todo el archipiélago, mientras la Corte señala un nuevo límite o el que las partes acuerden”, “ Hasta ahora se entendía que el Meridiano 82 y el Paralelo 15 trazaban los límites marítimos entre los dos países. La misma Corte puede establecer ese límite o dar pautas a las partes para que lo hagan. Es una decisión de la CIJ”, agregó Londoño. (periódico El País, de Cali, Colombia, 21 noviembre, 2012).
A su vez, el presidente de Colombia en aquel entonces Álvaro Uribe expresó: “ Colombia está debidamente preparada para defender los cayos y “continuará ejerciendo soberanía en el archipiélago y lo hará conforme a las normas del Derecho Internacional y respetará los límites establecidos”. (Periódico El País, de Cali, Colombia, reproducido 21 noviembre, 2012).
¿Se contradicen ahora? El fallo de la CIJ fue justo, equitativo y sobre todo favorable a ambas partes. A Colombia se le ratifica soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y espacios adyacentes, situados en la Plataforma Continental de Nicaragua, cedidos a Colombia a través del oneroso tratado Esguerra Bárcenas; y a Nicaragua le devuelve un espacio marítimo que la soberanía colombiana usurpó durante todos estos años.
Al presidente colombiano no le gustó para nada el fallo de la Corte y ahora sugiere que se retirará del Pacto de Bogotá y que no está seguro si lo acatará o no, sin importarle echar por la borda el prestigio de nación respetuosa del Derecho Internacional que gallardamente ha llevado hasta ahora en su historia la República de Colombia. ¡Qué pena por él!
Peor aún, insinúa ir hasta las últimas consecuencias para “defender” lo que daba de antemano como ratificado en su beneficio en la Corte. No se da cuenta el mandatario que sus amenazas y eventuales acciones podrían provocar reacciones no deseadas en nuestra estable región, por cuanto Nicaragua cuenta con aliados del llamado grupo Alba con Chávez a la cabeza, que con toda seguridad no abandonaría a su principal aliado en Centroamérica, cosa que seguramente haría también el señor Correa, de Ecuador, cuya espinita contra Colombia aún sangra, a pesar de haber llegado a frágiles arreglos con su vecino. Esto sin olvidar a los países europeos y a la comunidad de naciones respetuosas del Derecho Internacional que están siguiendo cuidadosamente los acontecimientos alrededor de este caso.
Con absoluta seguridad nuestros respetables vecinos entenderán ahora el dolor que hemos llevado y llevaremos por siempre los nicaragüenses al haber perdido territorios tan importantes en nuestra propia geografía. Pero Nicaragua sabrá asimilar con hidalguía su dolor y respetar esa parte del fallo que lesiona profundamente sus intereses soberanos.
Ahora bien, una cosa son las relaciones diplomáticas entre los Estados, plagadas de toda clase de intereses, y otra es la amistad entre sus pueblos. Nicaragüenses y colombianos tenemos una historia de amistad y relaciones humanas de grata tradición, que no deben verse afectadas ni aún en las actuales circunstancias.
Ojalá que los aires fríos de diciembre ayuden a refrescar las mentes calientes del presidente Santos y de sus equivocados asesores que, lejos de orientarlo, le están confundiendo y haciendo proyectar una negativa imagen internacional de su país, que no es la verdadera imagen de ese gran Estado-nación: la noble República de Colombia.
El autor fue Embajador de Nicaragua en Colombia.
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