La mayoría de nicaragüenses sin excepción, en Dios confiamos para que en nuestro país se mejore y se respete el derecho al trabajo, salud, educación, libertades civiles, seguridad social, igualdad, justicia laboral que es parte de la justicia social y sobre todo el Estado de Derecho que ha sido ignorado por el Gobierno que dice ser cristiano, socialista y solidario. Si esto sucede habrá una verdadera prosperidad como nación y estaremos en el camino correcto hacia la ansiada democracia y el respeto a nuestros derechos humanos. En Dios confiamos para que Nicaragua se supere, que más de un millón de nicaragüenses en la edad laboral y que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA); encuentren empleo, respeto a la libertad individual de los empleados públicos contenido en el artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, pues hoy se les obliga permanentemente a participar en actividades políticas partidarias del Gobierno a cambio de su estabilidad en el trabajo; la crisis de empleo formal, que da lugar a la multiplicación de labores informarles, las cuales presentan precarias condiciones. Que las funciones de las instituciones públicas sean civiles ya que gran parte de ellas se han convertido de perfil militar administradas por exmiembros del Ejército y expolicías, violentándose el artículo 131 de nuestra Constitución Política.
La inserción laboral en el sector público y privado de los trabajadores discapacitados que no son visto como sujetos de derechos, pues se les trata con discriminación, ya que apenas un dos por ciento cuenta con el derecho de tener un trabajo digno; y el resto sigue en la espera de que se cumpla con lo establecido en la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Que no se sigan eliminando organizaciones sindicales ni despidiendo a sus dirigentes por reclamar respeto a la libertad y fuero sindical, negociación colectiva y beneficios sociales contenidos en los convenios colectivos en las instituciones públicas; señaladas de estar mal administradas en un contexto de lineamientos que violan los derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales de sus afiliados. Que el Estado cumpla con su deuda pública por sentencias judiciales y pago de prestaciones sociales (liquidación laboral) a favor de extrabajadores públicos aún no pagadas por más de cinco años.
Revisen el salario que devenga la clase trabajadora ya que no existe una relación equitativa con la realidad del valor de la canasta básica de productos y servicios; estabilidad laboral en los empleados públicos y municipales ya que existe un deterioro y retroceso en los recursos humanos del Estado en cuanto a la calidad de la función pública. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tutele con sus sentencias judiciales los derechos fundamentales de los trabajadores y dirigentes sindicales del sector público y privado; el respeto a los 60 Convenios Internacionales ratificados en materia laboral y sindical ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT); el cumplimiento del deber del Ministerio Público y poder judicial en perseguir y castigar los delitos por ilícitos contra los derechos laborales. Estas tribulaciones será posible superarlas porque en Dios confiamos, en Él está la gloria y nuestra salvación. En Dios está nuestra roca fuerte, y nuestro refugio.
El autor es Abogado Especialista en Derecho Laboral y Constitucional
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