Con las votaciones municipales de este domingo 4 de noviembre, concluirá una etapa para el olvido de la pobre historia electoral de Nicaragua.
Después de estas votaciones, la oposición y el gobierno (juntos o por separado) tendrán que determinar cómo y para qué serán los siguientes comicios. Incluso habrá que decidir si se les podrá seguir llamando elecciones, o habrá que llamarlas simples votaciones, pues votar no necesariamente equivale a elegir. Y se tendrá que establecer si para cambiar gobierno se podrá utilizar el clásico mecanismo democrático electoral, o se tendrá que buscar otras formas de lucha por el poder.
En realidad, los comicios de este domingo 4 de noviembre serán los últimos en los cuales los ciudadanos podrán elegir a sus autoridades, y esto que solo en unos cuantos municipios del país. De previo, la abrumadora mayoría de las 153 alcaldías de Nicaragua ya está asignada al partido oficialista, o sea al FSLN. Solo en unas pocas jurisdicciones municipales en el norte y centro del país que pertenecen al llamado “corredor de la Contra” o zonas de influencia del liberalismo, las nuevas autoridades resultarán de la votación y la elección popular.
Los siguientes comicios que habrá en el país, de acuerdo con la Constitución, serán los nacionales de 2016, es decir, los presidenciales y parlamentarios. Si para esa fecha se mantienen las mismas reglas arbitrarias, políticas y de hecho, que imperan actualmente como consecuencia de la imposición autocrática y burocrática de Daniel Ortega, con la complicidad de su frondosa servidumbre política y gubernamental, entonces lo que habrá en noviembre de 2016 será simples votaciones, no una verdadera elección presidencial y de autoridades representativas y legislativas.
Las elecciones fueron establecidas —en Nicaragua y el mundo entero— para que la gente escoja libremente a sus gobernantes y representantes y que los partidos políticos puedan optar en igualdad de condiciones a alcanzar el poder por medio del voto popular. Esto significa que las elecciones tienen que ser auténticas, o sea que deben servir realmente para cambiar al gobierno según los plazos establecidos en la ley constitucional y de conformidad con la voluntad del soberano, que es el conjunto de ciudadanos que tienen derecho a votar y elegir.
Eso es lo que establece, todavía, en el papel, la Constitución Política de Nicaragua. Pero no es eso lo que está ocurriendo en la realidad. Por el contrario, aquí las “elecciones” se van pareciendo cada vez más a las que se realizan en Cuba, donde la gente que quiera puede ir a votar, pero no tiene derecho a elegir.
De manera que si el proceso de cubanización electoral de Nicaragua que está impulsando Daniel Ortega, continúa y se consolida, habrá que decirle adiós a las elecciones como medio institucional, político, democrático, cívico, civilizado y pacífico de resolver las controversias políticas y para cambiar gobiernos y gobernantes de acuerdo con la Ley. Y será necesario, entonces, buscar nuevos caminos para lograr esos cambios, porque el curso de la historia no se puede detener y la sustitución de los gobernantes tendrá que llegar inevitablemente, no importa cuánto tiempo pase ni las cuotas de sacrificio que sea necesario volver a pagar.
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