ELÍZABETH ROMERO
– Una mujer que espera el tren para trasladarse a Tijuana, donde vive desde hace tres años; ella ya fue secuestrada 20 días en el sector de Nuevo Laredo, para que sus familiares pagaran un rescate de miles de dólares y que según ella su familia no lo pagó y ella logró su libertad.
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Entre 2011 y lo que va del 2012 unos 42 centroamericanos han perecido víctimas de la violencia y accidentes, sobre todo caídos del tren entre los estados de Oaxaca, Chiapas y en menor cantidad en zonas de Veracruz, según el fiscal de Atención al Migrante de Oaxaca, Nahúm Pineda Montero.
Esto grafica que al menos dos migrantes centroamericanos mueren cada mes en estos Estados del sureste mexicano, en su mayoría víctimas de accidentes.
El fiscal alega que se trata de hechos perpetrados por delincuentes comunes, a diferencia de los Estados del norte, donde se atribuye al crimen organizado los delitos que allí ocurren.
El funcionario manifestó que estos casos difícilmente son investigados, pues como se trata de personas que van de paso, no cuentan ni con denunciantes ni con testigos “y se dificulta la investigación”.
La mayoría de las víctimas son oriundas de Guatemala y El Salvador; esto les lleva a concluir que la mayor parte de pobladores de estos países utilizan más el tren.
Mientras los delitos a que con más frecuencia se ven enfrentados los migrantes son los robos y las lesiones. Y aunque muchas veces los viajeros ilegales se niegan a denunciar al funcionario, explicó que la labor de concienciación a las víctimas les ha permitido ordenar sus registros.
Aunque aclaró que las denuncias al mes son mínimas y muchas veces cometidas en Chiapas. Y aunque es muy común escuchar entre los migrantes que son víctimas de extorsión, el funcionario alegó que pocas veces registran este tipo de actividad delictiva.
En el caso de las lesiones, de acuerdo con la afirmación del fiscal, son cometidas entre “los mismos migrantes”, que viajan de Arriaga a Ixtepec, estado de Oaxaca y Medias Aguas, Veracruz.
En Ixtepec fue hasta el año pasado que se creó la Fiscalía de Atención al Migrante, adscrita a la Procuraduría General de la República, la que desde entonces aún tiene abierta una investigación de crímenes cometidos contra dos migrantes, presuntamente centroamericanos, uno identificado y el otro aún sin identificar.
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