El diálogo del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en búsqueda de un acuerdo para poner fin al conflicto armado en ese país que dura ya cincuenta años, se inició el jueves de esta semana en Noruega, como estaba previsto, y continuará en Cuba, el 5 de noviembre próximo.
A pesar de que tres procesos de diálogo ya fracasaron en el pasado, es necesario insistir en la solución pacífica del conflicto armado, sin importar los esfuerzos que sean necesarios para conseguirla. La lógica política indica, que si después de medio siglo de guerra las FARC han fracasado en su propósito de tomar el poder por medio de la violencia armada, y por su parte el Estado colombiano tampoco ha podido aniquilar a la fuerza subversiva por medios militares, hay que buscar una salida negociada.
Sin embargo, en el mismo inicio del diálogo, en Noruega, los negociadores de las FARC plantearon la absurda pretensión de que el acuerdo debe ser para que el gobierno realice las medidas que ellos implementarían si hubieran tomado el poder. Quieren conseguir en la mesa de diálogo lo que no han podido en el campo de batalla.
Podría ser que la descabellada demanda de las FARC sea solo un recurso táctico, para después aparentar flexibilidad y abrirse a un acuerdo razonable; al único acuerdo posible que sería la desmovilización y el desarme de las FARC, a base de que el Gobierno les garantice las condiciones apropiadas para su transformación en un partido político normal, que pueda integrarse en el sistema democrático y luchar por el poder o cuotas de representación por medio de los votos de los ciudadanos.
Pero no se puede perder de vista que la lucha armada se ha convertido en una industria muy lucrativa para las FARC, que han derivado de una guerrilla revolucionaria clásica o tradicional a una organización criminal que obtiene de la producción y el tráfico de drogas, así como de los secuestros para extorsionar a los familiares de los secuestrados, colosales beneficios económicos.
Precisamente en estos días el periódico El Tiempo, de Bogotá, ha informado sobre una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la Universidad de los Andes, según la cual las FARC son el mayor cártel de la droga en Colombia, controla el 60 por ciento de ese negocio criminal y obtiene beneficios económicos anuales hasta por 1,500 millones de dólares. Este dato coincide con los informes del Departamento de Estado y la DEA de Estados Unidos, acerca de que las FARC consiguen entre mil y mil quinientos millones de dólares anuales por el narcotráfico, y que este negocio ilegal ha representado en los últimos 15 años entre el 50 y el 70 por ciento de sus ingresos totales. La otra parte de sus beneficios los han obtenido las FARC de los secuestros extorsivos.
Siendo así, cuesta creer que los mandos de las FARC quieran dejar la selva, integrarse en la vida política normal y tratar de alcanzar el poder por los medios pacíficos de la democracia. Pero de todas maneras nada se pierde con intentarlo otra vez.
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