Elizabeth Romero
Para la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, resulta difícil establecer un listado de cuántas veces ha sido violentada la Constitución Política de la República en los últimos años.
Y a pesar que en su calidad de defensora de los derechos humanos de las mujeres, Núñez coloca en primer plano la ley que sancionó el aborto terapéutico, que a su criterio es una violación a la Constitución y de lo cual es responsable la Asamblea Nacional y el presidente inconstitucional Daniel Ortega,.
A su juicio “la peor violación a la Constitución la ha cometido la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), al declarar inaplicable el Aartículo 147, que permitió la reelección y la permanencia ilegal en el cargo a Daniel Ortega”.
Otra violación a la Carta Magna, considerada muy grave por la presidente del Cenidh, fue la que cometió Daniel Ortega al prolongar por medio del decreto número 3, a más de treinta funcionarios a quienes se les venció su cargo. El decreto al cual hace referencia Núñez es el que mantiene vigente el segundo párrafo del Artículo 201 que forma parte de las Disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política de 1987, creado para permitir una transición de la situación anterior a las reformas establecidas ese año.
De esta manera, opina Núñez, los funcionarios con cargos vencidos no solo están en una situación de ilegalidad sino que produce ilegalidad de todo lo actuado por estos, al estar amparados en un mandato inconstitucional porque es la Asamblea Nacional la que debió nombrarlos y por tanto al nombrarlos Ortega por medio de decreto también violó la Constitución, “o sea tenemos un gobierno violador de la Constitución”.
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