El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por una parte, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, por la otra, anunciaron cada quien por su lado la apertura de un nuevo proceso de diálogo o negociaciones en búsqueda de la paz, que comenzará el 5 de octubre próximo en Oslo, la capital de Noruega.
A partir de una perspectiva genuinamente democrática, no se puede estar contra una negociación que tenga el propósito de poner fin a la guerra interna en Colombia —la cual dura ya cincuenta años— y alcanzar por fin la paz plena y duradera. Se puede desconfiar de una o de las dos partes, en cuanto a que tengan o no un propósito sincero de llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios; o se puede objetar aspectos del procedimiento para la negociación, así como la calidad de algunos negociadores y la falta de suficiente representación en el lado del gobierno; pero no se puede rechazar el diálogo, incluso a pesar de que las FARC no son solo una fuerza insurgente que lucha por tomar el poder para aplicar un programa de gobierno, sino que es también una organización criminal dedicada al narcotráfico, el asesinato y el secuestro con fines de lucro.
Quienes desconfían de este nuevo intento de diálogo con las FARC tienen razón , ya que este sería el décimo primer proceso de negociaciones del Gobierno colombiano con las tres agrupaciones armadas irregulares de Colombia: FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL). Y todos los esfuerzos anteriores fueron infructuosos y frustrantes.
Es más: cuando se realizó la última negociación anterior, entre 1998 y 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, este cedió un territorio tan grande como Suiza a las FARC, que lo aprovecharon para ampliar su negocio criminal de producción de cocaína, aumentaron en más del doble sus efectivos armados, intensificaron sus ataques letales contra posiciones del Gobierno e incrementaron los secuestros extorsivos, que representan otra de las grandes fuentes de ingresos económicos de esa organización guerrillera y narcoterrorista.
Afortunadamente para Colombia, las enérgicas acciones militares y políticas que puso en práctica el presidente Álvaro Uribe, durante sus dos períodos de gobierno, permitieron recuperar lo que Pastrana había cedido y golpeó tan fuertemente a las FARC, que estas se redujeron a unos 8 mil efectivos armados, menos de la mitad de su fuerza anterior.
Ahora, al parecer detrás de la nueva iniciativa de negociación están los gobernantes de Venezuela y Cuba, aliados de las FARC. Tal vez Raúl Castro y Hugo Chávez creen que las FARC podrían tomar el poder por medio de elecciones, cual es la nueva estrategia de los movimientos comunistas y radicales de izquierda que antes creían solo en la lucha armada. Lo que es muy difícil de creer es que las FARC quieran renunciar al lucrativo negocio de la droga, que según un investigador del Instituto Cato les reporta ganancias de unos 500 millones de dólares al año. Pero de cualquier manera todo es posible y la búsqueda de la paz siempre se merece otra oportunidad.
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