Contradicciones a granel son las que desenmascaró el fascinante caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien Ecuador le concedió asilo diplomático en su embajada de Londres, pero Gran Bretaña le niega el salvoconducto para abandonar el país.
Partidarios de Assange, entre ellos el presidente ecuatoriano Rafael Correa, favorecen su asilo, argumentando que se trata de un complot internacional con nexos en la libertad de expresión. La confabulación estaría orquestada por EE. UU. en represalia por la ventilación de sus secretos de Estado, en complicidad con la justicia sueca que habría inventado delitos sexuales y por el Supremo Tribunal británico que acordó extraditar a Assange a Suecia, desde donde sería enviado a EE. UU., para que se le condene a pena de muerte por traición.
Aunque muchos políticos estadounidenses sienten el deber legal de encausar a Assange, el argumento original de la pena de muerte contra un extranjero bajo la Ley de Espionaje es irreal. Primero, porque los acuerdos entre la Unión Europea y EE. UU. no permitirían la extradición bajo esa figura y, segundo, si la acusación fuera viable, lo más seguro es que los jueces, en interpretación de la Primera Enmienda, favorecerían el derecho a la libertad de expresión por sobre violaciones a la seguridad nacional.
Otra contradicción involucra a personajes y directores de Hollywood, como Oliver Stone, Michael Moore y Danny Clover, quienes creen que Assange es víctima de represalias por su trabajo en Wikileaks. Estos amigos de la libertad de expresión, paradójicamente defensores de Hugo Chávez y Fidel Castro, son los mismos que condenaron a Rupert Murdoch, cuando se descubrió que su periódico londinense, News of the World, publicaba noticias de políticos y celebridades después de obtenerlas clandestinamente, práctica similar a la usada por Wikileaks. Y muchos de ellos también pidieron por la cabeza de Dominique Strauss-Khan, exdirector del Fondo Monetario Internacional, procesado por violación sexual, delito que ahora se le achaca a Assange.
Sin embargo, la mayor contradicción pertenece a quien se elevó como protagonista eventual de esta historia, el presidente ecuatoriano, desde que Assange decidió refugiarse en su embajada el 19 de junio. El caso le vino como anillo al dedo a Correa, deseoso de instalarse como juez moral supremo para denunciar los atropellos de potencias imperiales y colonialistas, y para lavar su mala imagen internacional forjada por su persecución contra la libertad de prensa, medios y periodistas.
Difícilmente lo consiga. Todavía se recuerda su manipulación de la justicia para perseguir a directivos y columnistas de El Universo y la demanda que entabló contra los autores del libro El Gran Hermano, por la divulgación de información sobre negociados secretos entre él y su hermano. Es curioso que ayer denostara esa práctica subrepticia de conseguir información —que le llevó a incluir severas penas en la futura Ley de Comunicación— a la que hoy convirtió en uno de sus argumentos para defender a Assange y Wikileaks.
Lo de Gran Bretaña también es incongruente. Su amenaza de violar la independencia y soberanía ecuatoriana para atrapar a Assange, viola los principios diplomáticos establecidos en la Convención de Viena, por más que argumente que no quiere crear un antecedente para que cualquier criminal o acusado de un crimen busque impunidad en una embajada.
EE. UU. tampoco es ajeno a cualquier ecuación. Los ataques cibernéticos en contra de Wikileaks y la presión ejercida contra empresas tecnológicas y de tarjetas de crédito forzadas a boicotear las finanzas del sitio y de Assange, muestran que hay otras formas de “hacer justicia”.
Ahora que la amenaza de Gran Bretaña contra la embajada de Ecuador se disipó, que el Departamento de Estado dijo que no persigue a Assange y que la OEA, Unasur y Alba piden el diálogo para que se zanjen las diferencias, le queda a Assange asumir responsabilidades para no contradecir su reclamo por más justicia y transparencia en el mundo.
Suecia lidera las clasificaciones mundiales en materia de seguridad jurídica, libertad de prensa y transparencia, garantías que Assange tiene para comparecer ante los tribunales por las acusaciones de Anna Ardin y Sofia Welin, en realidad, las más desamparadas en esta historia.
El autor es periodista argentino, director de Prensa de la SIP.
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