Los que participamos en la defensa del voto desde hace varias elecciones ya sabemos con exactitud lo que hay que esperar del orteguismo en las próximas elecciones municipales. Nada va a cambiar con esas mismas autoridades en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Ortega se adjudicará un mínimo del 80 por ciento de las alcaldías, entregando las otras a su gusto como premio de consolación a los partidos que participen. En noviembre de 2011 se logró demostrar la ruta del fraude. En esas elecciones ni siquiera se permitió que se pudiera contar con las actas como sucedió en las municipales del 2008. En ese año se logró documentar en detalle el fraude en numerosos municipios.
Esto es lo que va a pasar, entre otras cosas:
1. Se continuará dificultando la obtención de cédulas en las regiones, sectores y personas que no sean afines al orteguismo. Los encargados de entregar cédulas continuarán siendo los mismos CPC y otras organizaciones del partido orteguista
2. Se entregarán las acreditaciones a los fiscales hasta última hora y todas mezcladas para impedir que ocupen sus puestos a la hora señalada en las JRV.
3. Se entregará una sola acreditación para el fiscal y el suplente, la que tendrán que compartir para que solo uno pueda estar en la JRV mientras ellos cuentan con un gentío dentro del recinto
4. Van a vulgarear al fiscal opositor cuando proteste por las anomalías empezando en la noche anterior al recibir urnas preñadas. Los presidentes y segundos miembros opositores estarán pintados en la pared
5. La boleta va prenumerada y con solo la firma de un funcionario orteguista.
6. Al cierre de la JRV sacarán al fiscal del recinto a como sea, o a punta de cuchillo para que no participe ni se lleve la copia que le corresponde.
7. Y podría seguir con un gran número de anomalías que vivimos tanto en el 2006, 2008, y 2011.
Las protestas populares ante el fraude fueron enormes en el 2008, mucho menores en el 2011 y estoy seguro que serán nulas en noviembre. De nada valió protestar. Se fue la cooperación y no pasó nada.
No veo cómo los dirigentes del PLI van a convencer a alguien para que sea fiscal esta vez, o miembro de los equipos de apoyo necesarios en la defensa de voto. ¿Quién se hará eco de las protestas de los pocos fiscales que se logren enfilar? Hasta puede ocurrir que no necesiten alterar resultados ya que nadie, fuera de algunos candidatos y sus familias, irá a votar. Por supuesto que todo el orteguismo irá disciplinadamente a votar.
Estamos seguros que el pueblo consciente está dispuesto a la lucha pero no está dispuesto a participar en el circo orteguista otra vez. La lucha por erradicar al orteguismo deberá tomar ya otras características pero no siguiéndole el juego.
Los partidos que deciden participar con estas reglas en este tipo de elecciones son partidos cautivos. Están condenados desde el inicio a ni siquiera protestar ante las arbitrariedades ya que los castigos son tremendos: la muerte legal y tener que pagar las deudas de campaña. El PLI no tuvo el valor de sacar aunque fuera un comunicado denunciando el fraude del 2011 y pidiendo que se anularan las elecciones, a pesar de las múltiples pruebas. Dicen que Dante Caputo se quedó esperando que el PLI declarara nula la elección una vez que la OEA, a las 2:00 de la tarde de ese domingo, manifestaba públicamente que no iba a poder certificar la validez del proceso electoral. El PLI tenían sobre su cabeza la espada de Damocles: perder la personería jurídica como partido y tener que pagar los dos millones de dólares que les adelantó el CSE para la campaña.
Para cubrir con seguridad una elección en Nicaragua y defender el voto, se necesitan por lo menos cuatro personas por JRV. Cerca de 40 mil personas capaces, sin miedo, valientes, inteligentes, entregadas y debidamente dotadas de la logística necesaria. No veo al PLI actual en capacidad de montar semejante ejército ni al dirigente nacional o candidatos a alcaldes en los 156 municipios que van a galvanizar a sus simpatizantes para enfrentar las maquinaciones del CSE, las arremetidas de las turbas, la desprotección policial, y otros escollos que surgirán en el camino.
La certeza del robo de elecciones ya es un hecho, la seguridad de que Ortega es un presidente inconstitucional es una realidad. Los nicaragüenses y el mundo están claros de eso. No se requieren más pruebas de las ya aportadas en las anteriores elecciones fraudulentas, tan fraudulentas que solo pueden ser defendidas con el cinismo que caracteriza a la pareja presidencial y sus adláteres.
Lo que se requiere ahora es un pueblo que diga basta ya y comience a protestar de todas las formas posibles hasta que Nicaragua vuelva a ser un Estado de Derecho en democracia. Ir a las municipales no es una forma de protestar.
El autor fue ministro del MTI en el gobierno de doña Violeta Chamorro.
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