Judith Flores
Corresponsal/Miami
El anuncio de la suspensión del waiver de transparencia fiscal para Nicaragua, realizado por la embajadora de Estados Unidos en Managua, Phillys Power, podría ser el fin de las fantasías e ilusiones que el presidente inconstitucional vende a los nicaragüenses, a juicio del experto Julio Sevilla.
Sevilla, con un doctorado en administración de Empresas en la Universidad de Miami, opinó que las declaraciones de la embajadora Power, es un claro mensaje al régimen de Ortega, y la primera acción de envergadura que adopta la administración del presidente Barack Obama, contra las acciones ilegales del mandatario inconstitucional, “con una medida que sanciona por los daños que esta ocasionando Ortega a la democracia en Nicaragua”.
Sevilla dijo que existen señales que indican que el waiver de la propiedad también podría correr el mismo riesgo debido a que el problema de la propiedad en Nicaragua persiste ante la precaria resolución de casos y las nuevas expropiaciones desde que asumió el poder nuevamente Ortega.
“Se ha visto un avance en las últimas semanas en la resolución de algunos casos, pero es debido a las presiones que tiene el gobierno de Ortega, lo cual es un mal mensaje que ofrecen al mundo porque es claro que se trata de una política de gobierno”, puntualizó.
De no ser aprobado el waiver de la propiedad, Nicaragua perdería acceso a centenares de millones de dólares, a través de créditos otorgados por los organismos financieros internacionales.
“Eso causaría un efecto devastador a la frágil economía nicaragüense, y no hay que perder de vista la situación de salud que enfrenta el presidente de Venezuela, Hugo Chávez“, sostuvo Sevilla.
Mientras Lylle Araya, accionista de Laboratorios Solka, una empresa que fue reconfiscada por Ortega a la familia Solorzono-Marin, en el 2007, responsabilizó al presidente inconstitucional por la pérdida del waiver de transparencia fiscal.
“El único perdedor de las acciones ilegales del régimen de Daniel Ortega, es el pueblo nicaragüense, lamentamos el anuncio de Estados Unidos, que no hará dispensa del waiver de la transparencia fiscal, y quisiera que los nicaragüenses tomáramos conciencia de la forma irresponsable que gobierna Ortega”, dijo Araya, quien solicitó el apoyo de congresistas y senadores de Estados Unidos, para hacer presión al gobierno de Ortega a que pague por esa empresa, reconfiscada en el 2007.
Los congresistas David Rivera e Ileana Ros-Lehtinen, hacen gestiones con el fin de que la Embajada de Estados Unidos en Managua gestione ante el gobierno de Ortega el pago de esa empresa a la familia Solórzano-Marín.
“Para recibir ayuda de otras naciones deben existir ciertas condiciones y regulaciones, compromisos a cumplir, eso es con cualquier gobierno, Nicaragua no es la excepción. Lo que sucedió ya se esperaba, Ortega ha cometido demasiados abusos contra las leyes, con el manejo de los recursos y sabemos en qué condiciones logró reelegirse… Nosotros, que también somos víctimas de las acciones de Ortega, no somos responsables de la cancelación del waiver, esa responsabilidad tiene nombre y apellido, Daniel Ortega”, aseveró la empresaria.
La accionista de la Solka, espera que el gobierno de Nicaragua tome las acciones necesarias para la aprobación de esa dispensa, de la que el gobierno de Estados Unidos deberá pronunciarse el 30 de julio próximo.
