Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea (MOE-UE) hicieron recomendaciones muy claras para que los siguientes comicios en Nicaragua puedan ser limpios y confiables. Por su parte, la sociedad civil nicaragüense, desde antes de las elecciones pasadas propuso reformas a la Ley Electoral y lo ha reiterado después del fraude de noviembre anterior.
Las reformas propuestas por la MOE-UE son apenas las mínimas indispensables. Inclusive, según los observadores europeos ni siquiera sería necesario reformar la Ley Electoral. Basta con que la autoridad electoral aplique la Ley correctamente, que cuente los votos cómo fueron depositados por los ciudadanos y reconozca y proclame honestamente a quienes ganaron las elecciones.
En el informe final de la MOE-UE sobre las elecciones del año pasado, se dice que estas fueron “un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses por la escasa transparencia y neutralidad con que han sido administradas por el Consejo Supremo Electoral (CSE)”. Sin embargo, la causa de ese retroceso no ha sido la Ley Electoral. Esta normativa, señala el informe de la MOE-UE, “hubiera permitido, como ocurrió en ocasiones anteriores, celebrar elecciones de mayor calidad democrática, más transparentes y gestionadas de manera más neutral, aunque no exentas de problemas, por el CSE”. Y agrega que más que reformas legislativas lo que se requiere es “la existencia de un CSE comprometido con los principios de neutralidad, transparencia, independencia y sujeción a la ley”.
No obstante, las reformas que Daniel Ortega ha hecho aprobar en la Asamblea Nacional con el consenso de la oposición PLI, no se ajustan ni siquiera al mínimo de las recomendaciones de la MOE-UE. Ante todo porque se mantiene a los mismos magistrados de facto del CSE, autores de los fraudes de 2008 y 2011, quienes están preparando descaradamente la próxima farsa electoral. De modo que es extraña la justificación de la oposición de que ha aprobado la mínima reforma de Ortega para “avanzar en temas que les permitieran mejorar el sistema electoral, en los puntos técnicos”. Además, porque el CSE queda obligado a publicar el padrón electoral en su página web y las credenciales de los fiscales ya no serán entregadas en Managua, sino en los municipios.
Pero la verdad es que el CSE está obligado a eso y mucho más sin necesidad de reformas a la Ley Electoral, sobre todo a ser imparcial y organizar elecciones justas y limpias, pero hace todo lo contrario. En realidad, lo único que podría explicar —aunque no justificar— la actitud de la oposición es que esté ejecutando una agenda oculta; que es complaciente con Ortega para que este convoque a elección de magistrados del CSE y poder poner allí un par de fichas opositoras. O sea, que como es la mala costumbre en Nicaragua un nuevo pacto se estaría cocinando secretamente en las altas esferas de la política nacional.
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