Pedro J. Chamorro B.
Al parece que el ejecutivo y la mayoría legislativa tienen prisa en aprobar las reformas a dos leyes, que por su trascendencia deberían de ser consultadas con todos los sectores y consensuadas con la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), a como en efecto son consensuadas la mayoría de las leyes que no tienen la importancia y trascendencia de la Ley Electoral (que tiene rango constitucional) y la Ley de Municipios.
Estamos claros que el FSLN dispone de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero eso no le da derecho de avasallar a la oposición y en efecto a toda la sociedad civil, imponiendo cambios a matacaballo a estas dos leyes sin buscar un punto de consenso en que toda la nación se sienta representada.
La Bancada Democrática ha sido muy responsable hasta el momento en su papel de oposición, pero creo que ha llegado el momento de cambiar esa estrategia porque Ortega no está cumpliendo lo que él mismo ofreció el 10 de enero cuando asumió la presidencia y dijo que iban a buscar el consenso con la oposición y no iban a gobernar por imposición.
El consenso es como el matrimonio: debe valer para todos los aspectos de la vida. No puede ser que para los temas fundamentales de la nación no se necesite el consenso y, en cambio, para los temas legislativos triviales o de menor importancia se busque el consenso para figurar una normalidad inexistente.
En mi opinión personal, si no logramos el consenso en aprobar reformas electorales que sean aceptables para todo el universo de la población, así como en las reformas a la Ley de Municipios, tampoco les daremos el consenso para ninguna otra ley. El consenso es un asunto de doble vía, no puede ser que nosotros siempre estemos buscando el consenso y ellos no.
Si apretamos el verde para las reformas electorales y a la Ley de Municipios, buscaremos el consenso, si no, buscaremos “el pelito en la sopa” para oponernos y solo donde no encontremos el “pelito en la sopa” apretaremos el botón amarillo.
Hay leyes como la Ley de Costas que pasó en consulta más de cuatro años y fue aprobada por consenso, con más razón las reformas a dos leyes que tocan el aspecto más cuestionado de la institucionalidad democrática de la nación, como lo es la confianza en el sistema electoral, que en las dos últimas elecciones ha sufrido una pérdida de legitimidad en los ojos de la población porque estuvieron plagadas de irregularidades y fraude.
El proceso de consulta de estas dos leyes debería de ser amplio y los aportes de los diversos sectores deben ser tomados en cuenta, la consulta no se debe hacer para llenar rápidamente un requisito de una ley que en la práctica terminará siendo aprobada con trámite de urgencia.
El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que sí está interesado en lograr un acuerdo de gobernabilidad que nos permita restablecer la confianza en el sistema electoral y un crecimiento económico sostenible que nos permita salir de la pobreza. Esto solamente se logra si demuestra una voluntad sincera de consensuar con la oposición y con la sociedad civil las leyes trascendentales.
El autor es diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense.
