Por Eduardo Cruz
¿Cómo se están utilizando los recursos del Estado? ¿por qué es importante que sepamos cómo? ¿es transparente este Gobierno? ¿las instituciones del Estado brindan toda la información necesaria para que los ciudadanos podamos incidir en las políticas públicas? Todas estas preguntas y más las responde en esta entrevista Denis Darce, un especialista en temas de transparencia y corrupción que trabaja para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
::: ¿Podemos los nicaragüenses dormir tranquilos sabiendo que se están utilizando bien los recursos del Estado?
No. Al contrario. Ni siquiera deberíamos poder dormir porque al final de cuentas no tenemos realmente una certeza de cómo se están manejando los recursos y ni siquiera sabemos cuántos recursos realmente se están manejando.
No sabemos al final de cuentas cuántos recursos van a utilizar para apoyar por ejemplo el programa Amor, el programa Hambre Cero.
::: ¿Qué problema hay con eso?
Al final podemos darnos cuenta cuando ya los ejecutaron, pero cuando ya los ejecutaron es muy poco lo que vos podés hacer para incidir, porque la incidencia y el control ciudadano no es solo analizar si los recursos se utilizaron bien, si les dieron la cantidad de pollos y de gallinas a las familias, sino además de saber si esa familia realmente lo necesitaba y si había otras familias que tenían más necesidades que esas, incluso para recibir ese beneficio.
La idea de control social no es postejecución presupuestaria, sino que es una relación permanente que debe haber entre Estado y sociedad con respecto a cómo se van manejando los recursos.
::: Del 0 al 10, ¿qué tanta corrupción hay en este Gobierno?
Esa pregunta está un poco difícil porque es difícil identificar la corrupción cuando no hay los elementos básicos que te permitan medir si hay o no corrupción.
::: ¿Qué es lo que se puede decir?
Que hay serias dificultades para poder conocer la actuación de los funcionarios y el manejo de los recursos, pero difícilmente podría decirte del uno al tanto qué tanto es la corrupción. A nivel de los indicadores latinoamericanos, por ejemplo, Nicaragua está en lo que es percepción de corrupción, que se hace a través de unas encuestas que realizan las instituciones internacionales, Nicaragua se ubica en la posición 127 de 178 países, con un índice de corrupción de 2.5, tomando en cuenta en que el 10 es el puntaje donde no hay corrupción y cero es donde la corrupción es total.
::: ¿Somos de los primeros en corrupción entonces?
En el índice de percepción sobre corrupción, que se elabora a nivel internacional. Nicaragua solamente está por encima de Honduras, que tiene 2.4 y de Venezuela que está en el 2.0, es decir, es de los países de América Latina que está punteando en el índice de corrupción.
::: ¿La transparencia es casi nula entonces?
Definitivamente. En Nicaragua hay muchas limitaciones para poder decir que hay transparencia. En primer lugar hay unas limitaciones impresionantes respecto al acceso a la información pública. Para que un Gobierno sea transparente, uno de los mecanismos de la transparencia es divulgar lo que hace, colocar información disponible y accesible a la ciudadanía sobre cómo está manejando los recursos y cómo se están tomando las decisiones y cómo están respetándose los procedimientos establecidos. Ese es un elemento clave sobre lo cual no hay en Nicaragua realmente acceso a información de ese tipo.
::: ¿Qué mecanismos tenemos para combatir esta situación?
La Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, que se aprobó en el 2007, con su reglamento, establece que todas las instituciones del Estado, incluso aquellas instituciones que reciben financiamiento del Estado aunque sean privadas, deben de garantizar acceso a la información pública. Incluso, hasta los salarios de los funcionarios más altos de las instituciones públicas deberían de estar de acceso público.
El otro lado tiene que ver con que haya mecanismos ágiles y eficientes, para que el ciudadano pueda acceder a información por la vía de la solicitud. Eso quiere decir que si vos llegás a una institución del Estado, o a una institución privada que recibe dinero del Estado, vos podás tener acceso a la información que vos solicitás.
::: ¿Por qué es importante que tengamos esa información?
Está muy ligado a lo que es el control social, es decir, cómo el ciudadano va controlando que realmente si en el plan del Ministerio de Educación del año 2012, yo debería de tener acceso a información para saber si en el centro escolar de mi barrio o de mi comunidad se van a hacer mejoras este año, si hay presupuesto para eso. O yo debería de tener acceso a información para saber si el centro de salud, que está bien deteriorado en mi comunidad, lo van a reparar este año y si hay presupuesto para eso, saber cuándo, en qué momento lo van a hacer. O saber cuánto ha gastado la institución que yo quiera.
::: ¿Cómo incidir en el uso de los recursos del Estado?
La participación ciudadana en las políticas. El presupuesto del Minsa por ejemplo debe partir de las necesidades de salud que tiene la ciudadanía en cada uno de los barrios, los municipios. Eso significa que la definición de las prioridades de salud que van a estar reflejadas en el presupuesto deben de ser resultado de un proceso de consulta y de participación ciudadana y no solamente de consultas a un sector de la ciudadanía que está afiliado al oficialismo a través de los CPC, sino de una consulta amplia donde todos los sectores dan su opinión y reflejan sus intereses respecto a un tema concreto.
::: Pareciera que no a muchos les interesa el tema de la transparencia.
Nosotros como ciudadanos y como sociedad civil hemos estado más en la actitud propositiva que de protesta, es decir, hemos estado constantemente señalando las debilidades que hay en torno a la transparencia y demandando transparencia, pero por la vía de la opinión pública, no tanto de la movilización social, de la huelga y de la protesta. Pero sí hemos estado señalando de manera clara y enérgica muchas veces, mucho más enérgica que quienes lo deberían de hacer, por ejemplo, la falta de transparencia con respecto al dinero que se está manejando de la cooperación venezolana y cómo por ejemplo está claramente establecido en la Ley de Administración Financiera del Presupuesto General de la República que todo ingreso y gasto del Estado debe estar incorporado en el Presupuesto, independientemente de las fuentes de financiamiento.
::: ¿Qué ocurre con esa ayuda?
Todavía no hay una claridad y eso tiene que ver con la transparencia, cómo se están contabilizando finalmente esos recursos en el presupuesto general de la República, porque no está claramente establecido en el presupuesto y los diputados, que son quienes aprueban el presupuesto, no han sabido obligar al Gobierno que integre todos estos recursos dentro del presupuesto.
::: Lo que se dice es que son fuentes privadas.
Por ejemplo usted no sabe cuánto dinero está recibiendo el Ministerio de la Familia por la vía del proyecto Amor. Se maneja mucho que como son fuentes privadas, entonces no aparece en el presupuesto, pero no, la ley es clara y dice que si el Ministerio de la Familia va a recibir dinero de fuentes privadas, digamos que recibe de Albanisa, eso debe estar en su presupuesto del año y debe aparecer posteriormente en el informe de ejecución presupuestaria.
::: ¿Para qué insistir en que esa ayuda se integre al Presupuesto?
Se podría ejercer un control social sobre esos recursos y poder analizar el ciudadano que está allá en el barrio si es cierto o no que le están llegando beneficios del programa Hambre Cero o del Programa Usura Cero, o bien podría demandar ser parte de la población beneficiaria de esos programas si está claro de cuántos recursos hay, cómo se distribuyen, dónde están las prioridades, etcétera. Pero si no hay información, pues es difícil que el ciudadano participe.
::: La Contraloría es la que fiscaliza los recursos públicos, ¿tiene razón de ser?
Como institución tiene razón de ser. Lo que no tiene razón de ser es la actuación de los funcionarios. Por ejemplo, en el caso concreto, la Contraloría General de la República, y hay una articulación ahí con lo que debe ser también el Consejo Supremo Electoral, ningún funcionario de los que acaban de ser electos puede haber asumido su cargo si no ha rendido la declaración de probidad, es decir, el informe sobre sus bienes. Es quizás el ejemplo más actual sobre la falta de actuación real de la Contraloría.
::: Las noticias dicen que el Gobierno está utilizando mucho las exclusiones de procedimiento.
Sí, incluso, el Gobierno hizo una nueva Ley de Contrataciones del Estado porque la anterior era más restrictiva.
::: ¿Qué tiene de malo la nueva?
Ahora los requisitos para excluir procedimientos son más débiles, porque en la ley anterior se establecían casos concretos en los cuales se evadían estos procedimientos por razón de emergencias, seguridad nacional, etcétera. Pero ahora ya es otro perfil, son otros requisitos y hay mayor flexibilidad para evadir estos procedimientos.
::: ¿Qué lectura podemos hacer?
Es evidente, es la intención del Ejecutivo (presidente de la República) de tener un mayor margen de maniobra con los recursos propios del Estado y no tener tanta subordinación a otra institución u otro ente independiente, que en los países democráticos, donde se respeta la institucionalidad y la legalidad, se debe de respetar la funcionalidad de cada una de las instituciones y mantener esa función de control del auditor externo, que en este caso tiene la Contraloría General de la República, y obviamente afinar los mecanismos de control interno que serían las funciones que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
::: Otra vez una ley débil.
Las leyes prácticamente son siempre el reflejo de un interés particular y no siempre el interés por fortalecer la institucionalidad y por fortalecer la democracia y eso podemos verlo en términos presupuestarios a través de esta exclusión de procedimientos, pero también lo podemos ver en la parte política a través de las famosas leyes introducidas con afán de emergencia que al final lo que provoca es que se aprueben leyes con aplanadora sandinista, sin dar la posibilidad de un análisis real de cuáles son los beneficios o los perjuicios que esa ley puede tener. Es parte de esa intencionalidad evidente de tener un margen de maniobra y de poder todavía mayor del que tiene el presidente de la República en este caso y de siempre soslayar la posibilidad de que hayan otros mecanismos de control y de supervisión.
::: Las páginas web del Gobierno están llenas de notas de prensa solamente.
Hay una falta de acceso a información pública gravísima. Usted se va a cualquier página de cualquier Ministerio y usted no va a encontrar datos oficiales de ese Ministerio. Los Ministerios más sensibles digamos, ¿cuál fue la matrícula escolar del año 2007? usted no la encuentra todavía en el año 2012 en el sitio del Ministerio de Educación. Usted encuentra en el sitio del Ministerio de Educación un censo escolar que se hizo en el año 2006, los resultados de ese centro escolar.
::: El Gobierno siempre echa la culpa de los problemas a los gobiernos anteriores.
Lo que nosotros diríamos al Gobierno es que lo mostremos con cifras oficiales, porque si vos te vas a la información internacional ves que en el año 2002 la ciudadanía tenía un mayor nivel de percepción positiva con respecto al Gobierno de lo que tiene en el año 2011.
Ver en la versión impresa las paginas: 4, 5 y 6
