La libertad que deben tener los medios de comunicación privados para crear una opinión pública saludable y, por otro lado, la necesidad de que esa prensa debe estar controlada por el Gobierno, son las visiones antagónicas que esta semana se debatieron con fervor en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cádiz, España.
El debate tuvo un marco excepcional, considerando que se celebra el bicentenario de “La Pepa”, la Constitución española creada el día de la festividad de San José el 19 de marzo de 1812, un texto liberal que influyó en las constituciones iberoamericanas, y que incorporó la primera cláusula sobre libertad de expresión, promulgada en 1810. Establecía que todos los españoles tenían la libertad de escribir e imprimir sin necesidad de licencia ni permisos de los gobernantes.
La discusión se enfocó sobre las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia que definen que la información debe ser veraz y que es un servicio público no un derecho. Defensor de estas cláusulas fue el asesor de esos gobiernos, el español Roberto Viciano, quien argumentó que una democracia robusta, necesita de mayores controles sobre la prensa privada.
En oposición, el constitucionalista venezolano, Allan Brewer, cree que las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia no instauraron paraísos terrenales, sino “todo lo contrario”; ya que permiten al gobierno concentrar el poder sin mecanismos efectivos de control ni contrapesos, como el que debe aportar una prensa libre e independiente.
El debate tuvo como contexto las denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa que la SIP revisaba en esos días. Muchas de ellas, producto de ese poder exagerado que las constituciones permiten al Estado, que justifican a los gobiernos crear sus propios monopolios de medios públicos, no ofrecer conferencias de prensa sino información a través de actos públicos, confrontar cada crítica o demandar judicialmente contra ellas, castigar a los periodistas independientes, discriminar a los medios con mecanismos de censura económica indirecta y dictar leyes que restringen su accionar como empresas privadas.
Esa visión del Estado todopoderoso sobre la prensa privada, la anima el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En un reciente discurso, dijo que “la comunicación es algo tan serio como administrar justicia imagínense que sean empresas privadas las que administren justicia Yo creo que uno de los grandes avances civilizatorios de la humanidad será cuando logremos que los negocios privados dedicados a la comunicación sean la excepción y no la regla”.
Bajo ese enfoque, Correa se justificó para que en su país se dictaran varias leyes que restringen a las personas ser dueñas de medios de comunicación, mientras el gobierno posee una veintena de televisoras, radios, periódicos y agencias de noticias, los que no están al servicio de todos los ecuatorianos sino de su propaganda política.
La ley de Comunicación ecuatoriana, a punto de aprobarse, prevé un Consejo de Comunicación, conformado en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, que podrá censurar los contenidos que el gobierno considere que lesionan la moral pública, que desestabilicen el poder o no se adecuen a la verdad oficial. También se afana en castigar a los medios privados adjudicándoles solo el 33 por ciento de la propiedad, repartiendo el resto en partes iguales entre órganos de prensa gubernamentales y comunitarios.
Si bien todos los monopolios son malos, distinto es cuando se habla de concentración de medios. Juan Luis Cebrián, fundador del diario español El País, aunque considera que los medios tradicionales fueron doblegados por el cambio cultural que trajo el internet, cree que en una economía globalizada, la concentración es la única forma que tendrán los medios para sobrevivir. Lo importante, es que el Estado establezca los mecanismos para que esa consolidación sea lo más diversa y plural posible, y no como en Ecuador, donde solo pasó a manos del gobierno en detrimento de los privados.
Justamente, la importancia del “Viva La Pepa” es que se celebra el momento en que el Estado se impone límites para sí, creando una prensa privada como contrapoder, y garantizando que los ciudadanos disfruten de sus libertades, entre ellas, la de expresarse libremente sin condiciones previas.
El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP
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