La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dominada por el partido oficialista, incluyó en la agenda parlamentaria el punto sobre la elección de los 35 altos cargos estatales con períodos vencidos que son ejercidos por funcionarios de facto. ¿Se podría entender esto como que Daniel Ortega ha decidido aceptar la petición del opositor partido PLI de dialogar sobre los graves problemas institucionales del país, en primer lugar la elección de las magistraturas vencidas en el Consejo Supremo Electoral?
Pero el orteguismo sigue guardando silencio y lanzando irónicas puyas verbales, ante la insistente petición dialoguista de la dirigencia del PLI. De manera que la inclusión en la agenda de sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del punto sobre la elección de los 35 altos y codiciados cargos del Estado que deben ser elegidos por los diputados, podría entenderse como que el orteguismo quiere resolver este problema en el marco institucional parlamentario, sin meterse en una negociación política con la oposición sobre temas generales, que le podría causar algún molestoso desgaste de imagen mediática y ante la comunidad internacional.
La verdad es que para elegir los 35 cargos vencidos el partido oficialista ni siquiera tiene necesidad de ponerse de acuerdo o buscar consenso con la oposición parlamentaria. El FSLN puede elegir esos cargos sin tomar en cuenta al PLI. Inclusive podría escoger a algunas de las personas propuestas por la oposición el año pasado y hasta puede reelegir a ciertos magistrados y contralores que pertenecen al PLC y también están ejerciendo los cargos de facto. De esa manera Daniel Ortega agradecería a su antiguo sociopactista la gran ayuda que le brindó para recuperar el poder total, y al mismo tiempo aparentaría que sigue habiendo pluralismo en los poderes del Estado.
En todo caso, poner el tema la elección de los cargos estatales vencidos en la agenda de la Asamblea Nacional, no significa que se va a tratar y a resolver de inmediato ni pronto. Se podría abordar la próxima semana o dentro de dos meses o cuatro, y aún hasta después de las elecciones municipales de noviembre, en el caso clave de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, con el cuento de que en política “no se debe cambiar de caballos cuando se está cruzando el río”.
Daniel Ortega aparenta sentirse muy cómodo en la situación de ilegitimidad institucional que impera en el país, creada por él mismo. Controla todo el poder a su modo y no tiene ninguna prisa en cumplir el mandato constitucional, de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, y otros altos funcionarios del Estado cuyos períodos también se encuentran expresamente determinados en la Constitución, deben ser elegidos por la Asamblea Nacional.
Ortega no es un demócrata. Igual que Chávez, Correa y Evo Morales, él usa y manipula los mecanismos de la democracia solo para alcanzar sus fines políticos, entre los cuales es obvio que no se encuentra la recuperación de la institucionalidad democrática del Estado. Esto solo se podría lograr con Ortega fuera del poder, o en el caso de que experimentara una milagrosa conversión política.
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