Gloria Picón Duarte
El grupo cívico Ética y Transparencia (EyT) inauguró un centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) para que la ciudadanía tenga un espacio más de lucha contra la corrupción en la función pública mediante denuncias en programas sociales del Estado, educación, salud, así como en temas de presupuesto y contrataciones públicas.
Indicó que acompañarán al denunciante para que siga los cauces administrativos y si es posible penales, hacer toda la incidencia necesaria para que los casos que lo ameriten reciban la respuesta debida del Estado y si es posible ir a instancias internacionales. En caso que no sean casos de corrupción, señalaron que lo que harán es orientar a la ciudadanía para que busque las instancias adecuadas.
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César Martínez, coordinador general del proyecto, señaló que la situación de Nicaragua ya ha alcanzado niveles endémicos en cuanto a corrupción y que ha habido un retroceso en cuanto a los mecanismos para contrarrestarla.
“Es una corrupción sistémica la que impera en el país y se demuestra en todo un comportamiento de las instituciones del Estado, que se muestran inoperantes alrededor de investigar y sancionar actos que ameritan acciones concretas de parte de diversas instituciones como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público y la misma Procuraduría General de la República”, manifestó Martínez.
Martínez mencionó que en el 2006 había un borrador de estrategias nacional anticorrupción, el cual fue engavetado y se publicó una nueva que ha carecido de todo tipo de validación y de consenso entre todos los sectores y que además el mismo título ignora la palabra corrupción, como si fuera un mal que no existe en este país.
ALAC es auspiciado por Transparencia Internacional y es un proyecto que se ha puesto en práctica en más de 60 países en el mundo, con el fin de democratizar la lucha contra la corrupción a través de la asistencia legal gratuita y a través de acciones e incidencia para promover cambios estructurales en las instituciones y tratar de reducir el impacto del flagelo de la corrupción.
Martínez instó a la ciudadanía a “no tener miedo de denunciar la corrupción”, ya que el centro garantizará la confidencialidad del denunciante. También señaló que buscarán los mecanismos para impulsar una ley que proteja a los denunciantes.
Indicó que acompañarán al denunciante para que siga los cauces administrativos y si es posible penales, hacer toda la incidencia necesaria para que los casos que lo ameriten reciban la respuesta debida del Estado y si es posible ir a instancias internacionales. En caso que no sean casos de corrupción, señalaron que lo que harán es orientar a la ciudadanía para que busque las instancias adecuadas.
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