“Es imposible en el mundo actual pensar que en un país y sobre todo en América Latina, se va hacer un atropello a la Constitución, un fraude y tantas irregularidades en los comicios sin que se tengan consecuencias destructivas y dañinas para el país, por lo tanto era de esperarse esa condena”, sostuvo Tinoco.
Señaló que el fraude electoral del 2011 “nos mete en una encrucijada y si no se restablece la institucionalidad, el país se seguirá hundiendo en la pobreza y sobre todo en la falta de recursos”.
Luis Callejas, diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), expresó que Nicaragua debe retornar a la institucionalidad y más en este momento que nos acercamos a los comicios municipales, por lo tanto se hace necesario el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral.
“Se debe destituir a estos delincuentes electorales, aunque sea difícil de lograr”, manifestó Callejas.
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Luis Callejas, jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense.
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EFE y Tania Sirias
El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó ayer a viva voz una resolución que condena el fraude electoral en Nicaragua y pide que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregue un informe sobre las “irregularidades constitucionales” en ese país.
La resolución de nueve puntos apoya “las aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua” y pide que el Gobierno de Managua “investigue plenamente” y castigue a los responsables de actos de violencia durante los comicios del 6 de noviembre de 2011, en los que el presidente Daniel Ortega ganó la reelección.
Luis Callejas, jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), se mostró satisfecho por la resolución del Comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano y declaró que “todo fraude electoral debe ser condenado”, así como lo hizo la oposición el propio día de los comicios.
Además indicó que el “restaurar la democracia y la institucionalidad” pasa por la elección de funcionarios públicos a como lo establece la Ley, y no que se mantengan en sus cargos, a través de un decreto presidencial.
El documento, que aún debe ser aprobado en el pleno del Senado, “deplora la interrupción del orden constitucional en Nicaragua que condujo a la reelección fraudulenta” de Ortega.
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La resolución insta a los secretarios del Tesoro, Tim Geithner, y de Estado, Hillary Clinton, a que “de inmediato” tomen medidas para alentar el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua, incluyendo la supresión de exenciones bajo la sección 7031 (b) de la Ley de asignaciones fiscales de 2012, que condiciona la ayuda directa que otorga EE. UU. a otros gobiernos.
También pide que la OEA entregue un informe “detallado” sobre las “irregularidades constitucionales” que afectaron la fase preelectoral en Nicaragua.
Además, el texto pide que la embajadora de EE. UU. ante la OEA, Carmen Lomellin, trabaje en concierto con otros países miembros del organismo regional para “apoyar medidas significativas para el restablecimiento de la democracia y el imperio de la Ley en Nicaragua”, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana.
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