La seguridad ciudadana de Nicaragua cada día es un problema serio. Con frecuencia vemos anuncios de distintos planes de la Policía para enfrentar la “delincuencia menor” y al crimen organizado, sin embargo, en la realidad no solo incrementa la violencia sino los niveles de la misma.
El Gobierno y la Policía abundan en presentaciones de estadísticas con numeritos que hacen cuadrar a la perfección la lucha contra la delincuencia. Pero al ciudadano de a pie, al que aborda buses y taxis, o incluso, el que anda en vehículo propio, este cuento de las estadísticas lo irrita porque a diario es víctima o testigo de la comisión de distintos tipos de delitos que van desde los más leves hasta los más violentos.
Aunque la Policía haga el esfuerzo de combatir el crimen, lo cierto es que no se percibe una armonización entre la realidad que viven los nicaragüenses y los intereses del régimen actual. Para muestra un botón: el régimen orteguista con sus diputados no tiene interés de crear la Unidad Análisis Financiero (UAF) y los “argumentos” les sobran a los ilustres. Esto no ayuda a combatir las operaciones de filigrana del crimen organizado porque el país tiene una enorme fragilidad en este sentido.
Por otra parte, en los últimos meses, en municipios de Bluefields, Rivas, León, Chinandega, Carazo y en Managua, los casos de hechos violentos se han registrado con más frecuencia. En los departamentos los asesinatos han llegado incluso a niveles de descuartizamientos de las víctimas.
Veamos otro aspecto de la delincuencia. En Managua, según escuchaba hace dos días a dos oficiales de la Policía en un Distrito de la capital, andan algunas bandas de criminales asaltando a la gente o “chapeando” vehículos para robarse lo que haya dentro de los mismos. Asimismo, los carteristas hacen lo suyo en los buses.
Y lo peor es la actitud de altos oficiales y agentes de línea frente al ciudadano víctima del delito cuando llega a una unidad policial para denunciar los hechos. Es sencillamente impresionante. Pareciera que les llegan a pedir un favor o peor aún, que la culpa la tiene el afectado por haberse dejado robar, golpear o hacer cualquier otra cosa.
Este problema de actitud no tiene nada que ver con los problemas “macros del sistema”, pero a fin de cuentas es parte de ese enorme fardo que obstaculiza la eficiencia en la lucha contra el crimen.
Y cuando los cuestionamientos de la población se hacen oír por la falta de seguridad en el país, las autoridades vuelven con su argumento de que en relación con los demás países de Centroamérica, este es el más seguro. Y ahí empiezan a saltar “justificaciones”. “Es que no hay presupuesto… es que la culpa no es mía sino del sistema… es que el poder judicial suelta a los delincuentes… No es cierto lo que se afirma porque la Policía está ejecutando una serie de planes… es que el país está en medio de la burbuja del crimen organizado… es que es difícil acabar con el narcomenudeo… es que… es que… es que”.
Sin embargo, indigna ver cómo la jefatura policial se moviliza con seguridad y armada a más no poder. El presidente inconstitucional Daniel Ortega y sus funcionarios, incluso, hasta los del último nivel, hacen alarde de seguridad personal utilizando a agentes policiales que deberían estar resguardando a los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos al Fisco. Ah, pero son otros los que se lucran del Presupuesto General de la República, mientras el pueblo está a merced de la delincuencia porque sus impuestos van a los rubros que este régimen prioriza de acuerdo con sus interese partidarios. Así será difícil que Nicaragua sea el país más seguro del istmo.
