Lo más positivo de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden esta semana a México y Centroamérica es que Estados Unidos admitió su corresponsabilidad en materia de narcotráfico. Prometió no solo más apoyo económico en la región para tareas de erradicación, prevención y salud pública, sino también mayor compromiso en su territorio para reducir el consumo de estupefacientes, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia el sur.
Esta nueva actitud vino acompañada de otras sorpresas. Por primera vez, Estados Unidos se declaró dispuesto a escuchar las propuestas que surjan de un debate sobre la legalización de las drogas y la despenalización de su consumo para combatir el narcotráfico, aunque adelantó que su administración no cree que así se degradará la fuerza de los cárteles, ya tan diversificados en todas las áreas del crimen organizado.
Hasta ahora la sola idea de ese debate había creado divisiones y resistencias, desde que lo propusieron en 2009 varios expresidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, Henrique Cardoso y César Gaviria. Otro elemento importante es que bajo la iniciativa del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, la discusión sobre la legalización o no de las drogas se corporizará el 24 de marzo en su país, en una cumbre a la que asistirán los mandatarios centroamericanos Porfirio Lobo, Mauricio Funes, Daniel Ortega, Laura Chinchilla y Ricardo Martinelli.
Es bueno que haya debate público, que los gobiernos expongan, pero que también se escuche a los expertos y a la sociedad civil, tratándose de una lucha contra las drogas que todos coinciden tiene muchos fracasos y pocos éxitos, si se mide por el promedio de 70 homicidios cada 100 mil habitantes en Centroamérica, comparado a 8.8 con el promedio mundial, según la Organización Mundial de la Salud.
El narcotráfico es un tema complejo que requerirá propuestas integrales e internacionales para atacar deficiencias en seguridad y salud pública, corrupción, economía y moralidad. Ojalá se eviten echar la culpa unos a otros, entre países consumidores, de tránsito y productores, porque si bien el consumo es mayor en países desarrollados, en los subdesarrollados la producción no se debe a que existen mejores tierras para el cultivo, sino a que los delincuentes prefieren convivir entre gobiernos con sistemas judiciales e instituciones más débiles y corruptibles.
No creo en la teoría simplista del expresidente mexicano Vicente Fox que dijo que con la legalización se blanqueará el negocio sucio de las drogas, que estas bajarán de precio por la competencia y que los narcotraficantes deberán inscribirse como empresarios para pagar impuestos. Es una hipótesis tan ingenua como si para combatir los robos se pretendiera sindicalizar a los ladrones y que paguen impuestos a las ganancias o si para reducir los homicidios y secuestros se tuvieran que despenalizar los asesinatos.
También son ingenuas las teorías de que el narcotráfico debe ser combatido en forma prioritaria como un problema de salud pública, cuando la región no es ni siquiera eficiente para combatir epidemias y catástrofes naturales o que resurgen por negligencia y magros presupuestos. Sería difícil combatir de esa forma una epidemia provocada y alimentada por criminales sanguinarios cada vez más creativos y en expansiva competencia por sus territorios, a quienes les da lo mismo corromper a presidentes, fiscales y jueces, o extorsionar, secuestrar y matar, que traficar personas u órganos.
Creo, en cambio, que Estados Unidos podría hacer mucho más si su ayuda financiera es dedicada a fortalecer los sistemas judiciales. Más recursos económicos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces, funcionarios y depurar policías corruptas, podrían tener mayor impacto que solo militarizar la guerra contra las drogas.
Lo importante de este debate que estaba trunco, es que más allá de sus resultados, la discusión abierta y descarnada servirá para que los ciudadanos aprendamos y nos sintamos partícipes. Será bueno, además, que la discusión prosiga en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena el próximo mes. Me parece un tema más importante, que perder el tiempo y gastar recursos públicos para discutir si la dictadura opresora de Cuba debe ser o no parte de cumbres presidenciales. El autor es periodista argentino
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