En el actual contexto socioeconómico y político interno —como externo—, el país necesita urgentemente una política pública electoral incluyente (PPEI), lo cual implica un serio y eficiente proceso integral de reforma electoral, y de esa manera provocar un salto cualitativo del estándar democrático.
Es obvio que lograr lo antes expuesto no es nada trivial, todo lo contrario, es sumamente complejo, ya que la clase política nicaragüense —en su mayoría— carece de la cultura y voluntad política para generar reformas estructurales que conlleven al diseño e implementación de políticas públicas incluyentes y eficientes.
Para lograr diseñar e implementar políticas públicas que generen reformas estructurales, como es el caso de una PPEI, es necesario efectuar una estrategia de negociación basada en una evaluación de la capacidad institucional y política de los actores que respaldan la PPEI, en este caso, la oposición, la sociedad civil, medios de comunicación, conferencia episcopal, gremio empresarial, intelectuales de gran prestigio, como los doctores Alejandro Serrano Caldera, Humberto Belli, Sergio Ramírez, entre otros. Para ello deben efectuar un análisis en base a la inteligencia estratégica, en el sentido de construir un escenario de consenso con los actores que se oponen a la política —nivel ejecutivo, diputados oficialistas, medios de comunicación, académicos y universidades afines al Gobierno— y establecer los distintos grados de consenso y disenso, fundamentado en que las políticas públicas son el resultado de una sucesión de intercambios de ideas entre actores políticos que interactúan estratégicamente en escenarios formales e informales.
En dicho consenso cabría destacar la participación de personajes nacionales influyentes que le imprimirían un sello de legitimidad, seriedad y credibilidad a los posibles acuerdos llegados para el diseño e implementación de la PPEI, entre los que se pueden mencionar, la expresidenta y esposa del Mártir de las Libertades Públicas, señora Violeta Barrios de Chamorro, monseñor Leopoldo Brenes, cardenal Miguel Obando y Bravo —en su carácter de Cardenal, no de presidente de la Comisión Gubernamental que representa— y otros.
Los actores políticos deben tratar de minimizar al máximo el potencial riesgo de la suma cero, para ello, es condición indispensable hacer eco en los actores que se oponen a la política, que los beneficios generados para el país con el diseño e implementación de la PPEI serán mucho mayores que los costos económicos y políticos incurridos. Es decir, se debe diseñar una negociación social y política tomando en cuenta los márgenes para negociar y considerar espacios para ceder y cambiar.
También, en este tipo de reformas estructurales, es sumamente importante tomar en cuenta las competencias institucionales. Por ejemplo, en el momento de estar en la mesa negociadora, hacer énfasis en que la PPEI debe ser fruto de acuerdos políticos amplios y perdurables, que pueden llegar a expresarse en cambios a nivel normativo, institucional, programático y en el presupuesto de la nación. Asimismo, se debe asegurar la efectividad de las decisiones adoptadas, es decir, que los actores involucrados procedan a aceptar el carácter vinculante de tales decisiones.
Solo así podríamos salir de la profunda crisis político-institucional en la que estamos sumergidos. Decidámonos a mejorar el país. Los ciudadanos tenemos la fuerza para construir un mejor mañana para nosotros, y sobre todo, para nuestros hijos. ¡El desafío está planteado!
El autor es máster en políticas públicas. Universidad de Chile.
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