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ay cosas que establecen vínculos inalterables por su asociación íntima, por su relación causa-efecto, por la misma imposibilidad de distinguir cual de dos cosas depende de la otra.
Al pensar en el monumento erigido por los sandinistas a Rigoberto López Pérez (RLP), inmediatamente se recuerda la tesis del doctor Danilo Aguirre quien propone que la acción tiranicidio de RLP fue de legítima defensa del pueblo nicaragüense. Acto que según Aguirre ha sido convalidado por la historia. A su vez, esta tesis está vinculada a la actitud animadora que le hace el historiador Aldo Díaz Lacayo al calificarla como la mejor tesis que se ha elaborado sobre este hecho. Por supuesto que este no le da importancia a que es la versión sandinista de la historia la que ha convalidado la actuación de López Pérez.
Aguirre sienta la premisa de que según el Derecho Penal, atentar contra la vida de otra persona, actuando en legítima defensa presupone de tres condiciones: que el que se defiende no haya mediado provocación suficiente para dar lugar a una agresión, que tal agresión sea ilegítima, y que haya racionalidad en el medio empleado para defenderse.
Este acto de legítima defensa, según Aguirre, es válido tanto para la actuación de un individuo como para un grupo de personas o una comunidad entera porque las soluciones para las contradicciones humanas trascienden de las personas a la colectividad.
Si seguimos la misma lógica que Aguirre y Díaz proponen y defienden podríamos inferir que Daniel Ortega estaría sujeto al tiranicidio como acto de defensa propia, siempre y cuando se justifique en el dolor y la muerte que Ortega ha causado al pueblo de Nicaragua por medio de sus agresiones ilegítimas y que el tiranicidio se lleve a cabo atendiendo a la racionalidad del arma, ya que esta debe ser inferior al arsenal usado por Ortega. Y todo lo que se debe hacer después es esperar, hasta que la historia lo convalide. Así justificaron los franceses los asesinatos de Enrique III y Enrique IV, basándose en la tesis tiranicida del jesuita Juan de Mariana escrita en 1598.
Daniel Ortega es un tirano y, desde 1979, de una forma u otra ha ejecutado y provocado agravios al patrimonio de las familias y de las empresas, la total ruptura de la democracia constitucional, tortura, muerte, exilio, privación del derecho al voto, falsificación de elecciones y muchas otras agresiones ilegítimas contra cientos de miles de nicaragüenses. Y se dispone a seguirlo haciendo.
Hace 350 años John Locke también defensor del tiranicidio en su teoría política nos dice que cualquier ciudadano tiene el derecho de eliminar al tirano, como bestias salvajes entre las que el hombre no puede vivir.
Si Díaz Lacayo, adhiriéndose al acto de resistencia activa a la opresión, proclama la suprema excelencia de la primitiva tesis de Aguirre, por qué él es tan lisonjero ante Ortega. Precisamente, estas actitudes serviles y alevosas son las que permiten al dictador obrar tan egoísta y salvajemente. Pero Ortega no confía en este tipo de hombres. Siempre los vincula a la imagen de aquellos conspiradores de hinojos a los pies de César, antes de ejecutarlo.
La verdad es que en este teatro todo es tan oscuro que ni el escenario es visible. El autor es economista y escritor.
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