Por un lado el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra resalta que ha entregado miles de títulos de propiedad a gente de escasos recursos económicos, lo cual es bueno para este grupo poblacional, pero por otra parte, según denuncias de los afectados, ha confiscado fincas y otras propiedades al estilo de la década del ochenta, bajo intimidación del poder político, económico y militar del cual puede hacer uso.
Precisamente la semana pasada, el exprocurador general de Justicia, doctor Alberto Novoa, en declaraciones a LA PRENSA expresó su preocupación por los procesos anómalos en que está envuelto el Gobierno al tomar propiedades de particulares a través de procesos al margen de la ley. “Al particular la ley le otorga una serie de mecanismos de defensa para que el Estado no pueda ejercer el poder que tiene. Por eso lo manda a un tribunal. El Estado no puede por sí y ante sí actuar a través de sus instituciones en detrimento de los intereses de los particulares”, dijo Novoa. Sin embargo, la característica ideológica del gobernante Frente Sandinista, en manos de la familia presidencial, ha sido retorcer la ley a su conveniencia.
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Justo ahora el gobierno del presidente inconstitucional a través de la Procuraduría General de la República trata de apropiarse de 17 manzanas de tierras ubicadas frente al centro comercial Galerías Santo Domingo. La trampa en este caso parece estar en que el procurador Hernán Estrada dijo la semana pasada que esta propiedad (valorada en 22.1 millones de dólares según una empresa de bienes raíces) era del Estado, pero ahora resulta que dicha propiedad es de la familia Arévalo, por tanto no es del Estado, entonces, ¿por qué quiere el gobierno de Ortega apropiarse del inmueble?
En el 2011 hubo al menos seis casos públicos, cuyos dueños denunciaron confiscación de propiedad de parte del Gobierno. Uno de los casos más sonados es el de la familia Martínez, que aún espera el pago de las 146 manzanas de tierra donde estaba el basurero municipal La Chureca.
Desde 2007 se ha venido advirtiendo de las tropelías en que incurriría este gobierno de vocación autoritaria, violatorio desde el marco constitucional hasta el último instrumento jurídico nacional en aras de hacer prevalecer un régimen arbitrario, no obstante, no solo los seguidores del orteguismo suelen decir que “este gobierno hace bien todas las cosas”, sino sectores que se dicen “opositores, democráticos o antisandinistas” así como también una parte del sector empresarial oportunista que mientras está bien, no le importa que este gobierno actúe en menoscabo de los demás aspectos de la democracia y el desarrollo integral de la nación. Esto apenas comienza y ya veremos a quienes actualmente se congracian con el régimen cuando les toque enfrentar situaciones similares a las confiscaciones de estos últimos años.
Es decepcionante el nivel de avaricia de quienes dirigen al partido gobernante y su séquito, que cada día se enriquecen más y no importándoles las leyes, confiscan propiedades, mientras la sociedad permanece pasiva. Así no se construye una verdadera nación, al amparo del pillaje. Al menos no bajo este sistema gobernante corrupto veremos altos estándares de calidad de vida para nuestras generaciones venideras. Y lo peor es que este régimen lo que hereda son antivalores como el irrespeto a la Constitución, al derecho a la propiedad, fomenta la corrupción, condiciona la libertad de hacer negocios, la libertad de trabajar, la libertad de comercio, libertad de inversión y libertad financiera si no están de acuerdo a sus intereses perversos. Dios quiera que esta maldad pronto llegue a su fin.
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