Después de lo ocurrido el 9 de enero en la Asamblea Nacional, cuando la bancada opositora no aceptó los dos cargos en la Junta Directiva que le ofreció el FSLN, se teme que si se repitiera esa situación en la elección de los magistrados y otros cargos en el parlamento, todos quedarían en poder del orteguismo incluyendo algún par que le podría dar o mantener al PLC, su socio pactista.
Pero son situaciones distintas. Los puestos en la Junta Directiva de la Asamblea son partidistas por su propia naturaleza y sus funciones. Además son cargos burocráticos que solo sirven para que los directivos tengan algunos privilegios adicionales, como complemento de sueldo, mayor cuota de combustible y un modesto despacho con asistente y chofer. No es cierto que estando en la Directiva se pueda influir en la elaboración y ejecución de la agenda parlamentaria, que realmente se decide en la secretaría del FSLN y casa de gobierno de Daniel Ortega. Incluso, ser miembro de esa Junta Directiva ni siquiera permite tener acceso a mejor información de los asuntos de Estado, porque esta se maneja estrictamente compartimentada por la cúpula del Gobierno y del partido oficialista.
El caso de los cargos estatales nombrados por la Asamblea Nacional es distinto, porque no es obligatorio que sean ocupados por miembros de los partidos políticos representados en la Asamblea o extraparlamentarios. Aunque tampoco lo prohíbe, no es eso lo que establece la Constitución en su artículo 138, al señalar los cargos del Estado que deben ser elegidos por la Asamblea Nacional. Fue por el pacto de Daniel Ortega y el FSLN con Arnoldo Alemán y el PLC que se corrompió el sentido de la elección parlamentaria de esos cargos, al decidir los caudillos que debían ser ejercidos por miembros de sus partidos o sus favoritos recomendados. Esa fue la semilla del mal que corrompió y ha socavado gravemente la institucionalidad democrática del país.
Pero aún en la desastrosa situación institucional que hay ahora en Nicaragua, si los diputados de la oposición quieren ser consecuentes con la Constitución y con sus compromisos de campaña electoral, pueden ejercer su derecho de proponer candidatos para los cargos que elegirá la Asamblea Nacional que no sean miembros de sus partidos o grupos políticos, sino personas idóneas. Los candidatos de la oposición deben ser escogidos cuidadosamente en los medios profesionales y académicos y ajustarse estrictamente a los requisitos constitucionales.
Seguramente el FSLN va a elegir o reelegirá en esos cargos a sus disciplinados militantes y algunos de sus obsecuentes servidores que pertenecen al otro partido del pacto. Pero los diputados del PLI tienen la obligación de actuar con entereza personal, decencia política y profesionalismo parlamentario, lo cual validaría ante la ciudadanía democrática su controversial decisión de integrarse en la Asamblea Nacional, cuya composición ha sido desvirtuada por las graves irregularidades fraudulentas perpetradas por el orteguismo el 6 de noviembre pasado.
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