El nuevo período de gobierno de Daniel Ortega, que comenzará el martes 10 de enero corriente, será sin dudas de ninguna clase un régimen jurídica y políticamente de facto.
Aunque cometiendo muchas arbitrariedades, Ortega ha ejercido legítimamente la presidencia en el quinquenio que termina este 10 de enero pues fue elegido legalmente y no tenía ningún impedimento constitucional. Pero su siguiente período que comenzará el próximo martes será absolutamente ilegítimo, porque la Constitución prohíbe la reelección en períodos consecutivos y la de cualquier persona que hubiere ejercido la presidencia dos veces, como es el caso de Daniel Ortega en ambas situaciones.
Un gobierno de facto es, términos jurídicos y políticos, aquel que no se fundamenta legítimamente en un orden constitucional, porque ha resultado de un golpe de Estado militar y tradicional o porque surge de cualquier alteración de las instituciones y del orden constitucional, o sea de un golpe de Estado indirecto. Porque golpe de Estado que genera el régimen de facto no es solo aquel que se realiza desde fuera del gobierno y mediante el uso de la fuerza armada, sino también el que se ejecuta desde dentro y desde arriba del gobierno constituido, violando la Constitución, vaciando de su contenido democrático a las instituciones y simulando legalidad mediante espurias manipulaciones judiciales.
La Carta Democrática Interamericana de la OEA, en su capítulo IV, artículos del 17 al 22, prevé y rechaza explícitamente la ruptura del orden democrático, no solo de la que se realiza mediante golpes de Estado directos, sino también de la que se ejecuta por medio de golpes indirectos. Así lo expresa la Carta al referirse a “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”, así como “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”.
A la luz de esos principios de la Carta Democrática Interamericana no cabe ninguna duda de que en Nicaragua, con la violación de la Constitución para imponer la reelección de Daniel Ortega se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente la institucionalidad democrática. Por lo tanto, el gobierno que se instale este 10 de enero como consecuencia de tal alteración del orden constitucional, será un gobierno de facto que nada ni nadie lo podrá legitimar: ni la controversial decisión de la oposición de ocupar sus escaños parlamentarios, ni la presencia en la toma de posesión de Daniel Ortega de prominentes delegados extranjeros, sea un belicoso dictador de tipo medieval como es el presidente de Irán, o un moderno príncipe democrático como es el representante de España.
Lo que es ilegítimo por inconstitucional es imposible legitimarlo. Y en todo caso, la presencia de esos dignatarios extranjeros en la toma de posesión de Daniel Ortega no pasará de ser el reconocimiento de facto a un régimen de facto, lo cual no es nuevo en la historia y la práctica de la diplomacia y las relaciones internacionales.
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