No volver al eterno borrón y cuenta nueva. Con esta frase, el doctor Arturo Cruz Sequeira caracterizó una de las principales causas de nuestro estancamiento político, social y económico.
En los últimos decenios ese cuento del borrón y cuenta nueva se ha convertido en la muletilla utilizada por todos los gobiernos para disfrazar de realismo su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar los retos para los cuales fueron electos.
En lugar de enfrentarse a los piñateros que estaban saqueando bienes del Estado y de particulares, el ministro de la Presidencia de doña Violeta decidió que era más barato que los sandinistas se quedaran con lo piñateado. Ni tontos ni perezosos, además de quedarse con lo ya robado, los orteguistas de entonces se apropiaron legal o ilegalmente de todo lo que encontraron a su paso y, actualmente, pretenden continuar su Alba-piñata durante la tercera presidencia de don dos, al amparo del fraude total, que ha dejado estupefactos a moros y cristianos.
Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial preguntaron a Albert Camus qué debería hacer Europa para emprender con éxito su reconstrucción, el gran filósofo francés respondió sin titubear: Sobre todo, no olviden a las víctimas.
Por razones nunca explicadas, en Nicaragua no se ha querido establecer una Comisión de la Verdad, dejando en la impunidad y en el olvido, innumerables abusos contra los derechos humanos, similares o peores que los cometidos en Chile por Pinochet, en Guantánamo por los interrogadores de la CIA y los incontables crímenes y saqueo de las riquezas de Libia cometidos por el régimen de Muamar Gadafi. Nicaragua es el único país que se pretende civilizado en donde innumerables crímenes de lesa humanidad y contra los derechos políticos, económicos y sociales han quedado impunes, bajo el pretexto de no abrir viejas heridas y de una pretendida reconciliación nacional de la que los agresores y criminales son los primeros en hacer mofa.
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Acaso alguien se atrevería a acusar de entorpecer la reconciliación a los chilenos, que reclamaban la captura y castigo de Pinochet; a los argentinos, que promovieron la anulación de la Ley de Punto Final; a los guatemaltecos, que han exigido el castigo de Ríos Montt, o a los salvadoreños, que reclaman justicia contra los escuadrones de la muerte y los asesinos de los jesuitas? ¿Por qué, entonces, no se respeta nuestro derecho a ser civilizados y a establecer una diferencia real y visible entre criminales e inocentes, entre honrados y salteadores, entre honestos y violadores?
Es preciso poner fin a ese perpetuo empezar desde el lodazal a escalar la montaña de nuestra historia. Solo reconociendo la verdad y haciendo justicia se puede construir el futuro. Esta exigencia no significa anclarse en el pasado. Al contrario, es superar el pasado, sin esconderlo ni olvidarlo, para construir el futuro sobre bases sólidas.
Debemos, por consiguiente, crear una auténtica Comisión Autónoma de la Verdad y la Reconciliación que, con base en documentación auténtica, preserve la memoria de los sufrimientos del pueblo de Nicaragua. Ya que los sucesivos gobiernos y mucho menos el actual no han querido crearla, la iniciativa debe partir de la ciudadanía, con apoyo de la sociedad civil organizada y de líderes religiosos no mediatizados por agendas partidistas.
Esta tarea nacional que debe inspirarse en valores esenciales y perseguir, además de la verdad y la justicia, indemnización para las víctimas o sus familiares… y que nadie vuelva con la absurda, retrógrada e inmoral cantinela del borrón y cuenta nueva. El autor es fundador de la CPDH y presidente nacional del PSC.
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