¿ Qué cambios se han producido en el país a partir de las viciadas elecciones del pasado 6 de noviembre? ¿En qué medida esos cambios crean una situación diferente, cuyo enfrentamiento requiere una nueva estrategia de oposición? Por último, ¿cuáles son las condiciones necesarias para preservar y ampliar la unidad, y la eficacia, de la oposición política democrática? Estas son las preguntas realmente importantes, que debemos en este momento intentar responder.
El fraude del 6 de noviembre ha traído consigo dos elementos nuevos: la pérdida de legitimidad interna y sobre todo internacional del gobierno orteguista y un aumento de su control del legislativo, al adjudicarse una mayoría absoluta. El control de los restantes poderes del Estado ya era una realidad producto del pacto y de la incapacidad de la Asamblea para revertir los decretazos que prorrogaron los cargos. La falta de mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales tampoco fue obstáculo para imponer la candidatura ilegal de Ortega, a través de una sentencia amañada de la Corte Suprema de Justicia. Como contrapartida a este relativo aumento de poder formal, la elevada carencia de legitimidad de la nueva mayoría calificada, sin hacer peligrar el control sobre la institucionalidad y sobre todo de cara a la cooperación financiera multilateral, obligará a administrarla de forma conservadora, sin descartar incluso la cesión de espacios a la oposición democrática.A diferencia, los cambios en la oposición son más trascendentales y, de ser aprovechados, podrían generar efectos de mayor impacto. El proceso electoral, aún con todas sus ilegalidades y trampas, sirvió de crisol y permitió separar la escoria del metal de buena ley, amalgamando a la vez las dispersas fuerzas democráticas. La crisis de representación, que en las últimas décadas ha mermado la credibilidad y confianza en los partidos políticos, ha sido resuelta solamente en parte. Para mantener y ampliar el apoyo logrado, la Alianza PLI debe transformarse en una alianza política de más largo aliento, crear mecanismos de comunicación y de diálogo permanente con la sociedad civil y los gremios económicos, organizarse territorialmente haciendo de la democracia, a lo interno y entre sus bases, una realidad cotidiana. La sana crítica y la rendición de cuentas deben sustituir los estilos autoritarios. Solo de esta manera podrá superarse la crisis de credibilidad y confianza, atraer e incorporar a la juventud y garantizar la renovación necesaria de liderazgos.El objetivo prioritario en la situación antes descrita es el mantenimiento y fortalecimiento de la unidad de la oposición, en dependencia estrecha de la capacidad de la Alianza de consolidarse como la genuina representante de los intereses y aspiraciones de todos los sectores democráticos de la nación. En la medida en que cumpla con las tareas señaladas será capaz de sortear con éxito el riesgo de dos extremos, que serían mortales: el abandono de la lucha cívica y pacífica y el acomodamiento oportunista. Tanto el recurso a la violencia como el zancudismo, son contrarios al objetivo de la democracia y han sido engranajes centrales del mecanismo circular y vicioso de nuestro pasado. El primero se ha revelado como solución falsa, al demoler ídolos y sustituirlos por otros a lo postre más sanguinarios; el segundo, no ha sido respuesta sino parte del problema: farsa y complicidad corrupta.En este contexto y bajo estas premisas es que debe valorarse la decisión por parte de la Alianza, de ocupar las curules legítimamente ganadas, una decisión correcta siempre y cuando mantenga su carácter subordinado e instrumental y sea parte de una estrategia integral y más amplia de lucha por la democracia.El autor es jurista y catedrático universitario.
