Para hoy a las 8:30 de la mañana está convocada la manifestación de la sociedad civil independiente, que partirá de la rotonda en la colonia Centroamérica, de Managua, en protesta contra el fraude electoral del 6 de noviembre. Además la marcha cívica es para demandar la convocatoria a nuevas elecciones generales, las cuales deben ser transparentes y justas, con amplia observación electoral independiente nacional y extranjera y organizadas por un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por personas honestas, profesionales, independientes y confiables. Y por supuesto, con candidatos que no tengan impedimentos constitucionales que corrompan la legitimidad del acto electoral.
Sobre el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a protestar contra el fraude, los obispos de Nicaragua habían expresado en el mensaje que emitieron después de las elecciones fraudulentas del 6 de noviembre: “Demandamos a las autoridades de Policía y a cualquier otro grupo, que se le respete al pueblo su derecho a movilizarse y a manifestarse pacíficamente. Rechazamos toda forma de agresividad y violencia”. En este mismo sentido, el nuevo embajador de Francia en Nicaragua, señor Antoine Joly, dijo en declaraciones a LA PRENSA que fueron publicadas en nuestra edición de ayer, que “el derecho de manifestar en calma por el cual han luchado generaciones de nicaragüenses, debería ser respetado. Cuanto más fuerte es el poder mayor es su deber de hacerlo respetar velando por la seguridad de los nicaragüenses que expresan así su opinión”.
En realidad, la protesta pública es un derecho primordial de los ciudadanos. Precisamente por eso es que los especialistas en derecho público democrático lo califican como el primero de todos los derechos, así como la libertad de expresión es la primera de todas las libertades. El principio es que el pueblo no solo expresa su voluntad por medio de mandatarios elegidos con el voto popular, sino también de manera directa, a través de la manifestación pública y la protesta popular. Y además de ser un derecho, la protesta es también una obligación ciudadana cuando el sufragio es desvirtuado por la manipulación y el fraude, como ha ocurrido en Nicaragua.
El derecho a la protesta —preceptúa un eminente filósofo jurídico-político argentino llamado Roberto Gargarela— es el derecho a tener derechos, es el derecho que convoca a los demás derechos, es el derecho que tienen los ciudadanos a ser tenidos en cuenta, es el derecho de las personas a recuperar la voz para ser tomadas en cuenta por el poder. El derecho a la protesta, reitera Gargarela, es la puesta en acción de la dignidad humana de la persona y la oportunidad de hacerla valer.
De manera que protestar contra el fraude electoral, en el día de hoy y cuantas veces sea necesario, y demandar la recuperación del ejercicio del sufragio libre y limpio, no solo es un acto de fe democrática de los ciudadanos sino también una demostración de dignidad humana, pues no se puede permanecer en la pasividad mientras la arbitrariedad, la dictadura y la barbarie gubernamental se entronizan y tratan de perpetuarse en el poder.
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