Por Freddy Blandón Argeñal
En días pasados se han publicado en LA PRENSA una serie de artículos que tienen un hilo conductor de pensamiento, como es encontrar “responsables” y proponer “soluciones” a la situación política actual producida después del “irregular” proceso electoral que administrara en forma no transparente e imparcial el actual Consejo Supremo Electoral (CSE).
Por un lado, el periodista Eduardo Enríquez propone que “hay que detener la ayuda al dictador”, puesto que, según su comprensión y análisis, el apoyo financiero que ha recibido el gobierno de parte de los organismos financieros internacionales han y están permitiendo consolidar la dictadura de Daniel Ortega. De otro lado, el economista José Luis Medal asevera irresponsablemente que “el Cosep, el FMI y el BID han colaborado en la destrucción de la institucionalidad democrática”, puesto que según su visión, dichas instituciones han sido el “mejor propagandista” de un “supuesto” gran éxito económico del gobierno actual.
Los dos destacados profesionales parten de la premisa de que la clase política en oposición no ha podido articular una estrategia ni lograr resultados concretos para poder evitar lo que el propio Medal denomina “debacle institucional”, y por consiguiente, le corresponde según Enríquez, por un lado a los organismos financieros internacionales “condicionar” su ayuda a fin de que el país “regrese por el sendero de la democracia”, y por otro según Medal, al Cosep como “factor de poder” asumir una “responsabilidad política empresarial”, que permita “presionar” al gobierno para “alcanzar una verdadera institucionalidad”.
Analizado lo anterior, y entendiendo la “preocupación” sobre la institucionalidad democrática que exponen los citados profesionales, no deberíamos nosotros y mucho menos el Cosep atreverse a presentar propuestas que puedan “rehacer” la débil institucionalidad, ya que para uno de ellos, las mismas corren el riesgo de ser catalogadas de “ridículas”; erigiéndose soberbiamente en el único iluminado capaz de proponer algo “inteligente”.
Sin embargo, me he osado opinar al respecto, y lo hago compartiendo plenamente lo dicho por el maestro Alejandro Serrano, quien en un reciente ensayo nos plantea la necesidad de “presentar alternativas para dar respuestas a los retos institucionales y económicos que enfrenta Nicaragua y la búsqueda de consenso sobre posibles soluciones para el desarrollo institucional y económico del país, a partir de la configuración de la concertación y del contrato social”. Y de otra verdad que no tiene nada de perogrullo, que nos compartiera el doctor Arturo Cruz Sequeira, de que la “historia de Nicaragua se ha distinguido por su volatilidad económica, espejo de la volatilidad política”.
La realidad que todos debemos de entender y, para ello, me remito a lo que establece en forma precisa la Carta Democrática Interamericana, es que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”, y en consecuencia, todos desde nuestros diferentes roles debemos de trabajar con vigor y convicción, en ambos temas.
Lo anterior sin dejar de olvidar que la democracia es indisociable del Estado de Derecho, y que la misma es sin equívoco alguno, tal y como la Carta Interamericana lo subraya, “esencial para el desarrollo social, político y económico de nuestro país”, y por ello, tomar conciencia que en este momento el CSE es el principal obstáculo para el desarrollo democrático de nuestro país. Por tanto es indispensable suscribir la propuesta que hiciera el Cosep de exigir el cambio inmediato de todos los magistrados y que se proceda a la reforma integral de nuestro sistema electoral.
El autor es Máster en Derecho Público.
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