Después de la decisión del pueblo español de votar mayoritariamente por el Partido Popular (PP) y desplazar a los socialistas del gobierno, para nadie fue extraño que el líder del PP y futuro jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, se reuniera con el mandatario saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar de la crisis económica que sacude a dicho país.
La reunión enviaba también un esperado mensaje a los socios europeos de la Unión, mientras los costos de financiamiento para España, el desempleo y otros indicadores de la economía permanecen en niveles preocupantes.
Es más, el diario madrileño El Mundo informó que los dos líderes acordaron una posición común para la próxima cumbre europea del 9 de diciembre y en la que España será representada por Rajoy, a pesar de que oficialmente asumirá sus funciones pocos días después, y en la que se espera que España pida que el Banco Central Europeo siga comprando deuda española para aliviar la tensión. Y eso es lo menos que esperaba la sociedad española en una democracia cuyo proceso inició en 1975, a raíz de la muerte del dictador Francisco Franco. Eso es lo normal —el diálogo— en un país donde los líderes asumen sus funciones para enfrentar los retos de la nación de forma responsable porque existen instituciones sólidas.
En España, quien cuenta los votos es el Ministerio del Interior; y se puede votar también por correo o en las sedes diplomáticas y no se pierde ni se roban un solo voto ni denuncian fraude los catalanes o los nacionalistas vascos porque les esquilmaron un diputado, porque ahí no hay fraude.
Algo tenemos que aprender nosotros, por lo menos en lo referente al diálogo. Ahora todo depende de la voluntad del presidente Daniel Ortega, quien en la reunión que sostuvo el pasado jueves con sus “62” diputados asignados por el CSE de facto, dijo: “Se debe seguir trabajando y estableciendo un diálogo, un intercambio, enriqueciendo el debate y poniendo en primer lugar los intereses del país, los intereses de la nación, los intereses del pueblo, los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, los intereses de los campesinos, de los productores”.
Por primera vez Ortega ha hablado de diálogo. Pero no ha sido por falta de oportunidad, la Conferencia Episcopal se cansó por 4 años de pedirle un encuentro y no escuchó.
En estos últimos cinco años, en lugar de dialogar, el presidente se ha dedicado mediante la coerción, el chantaje, los halagos y las amenazas a copar las instituciones del Estado y a destruir el Estado de Derecho para imponer su voluntad. Que ahora hable de diálogo no tiene ninguna fortaleza ya que no tiene credibilidad.
Ese diálogo —si es que el presidente no miente esta vez— tiene que estar precedido por acciones claras, que demuestren alguna voluntad de lograr un acuerdo amplio con miras a restablecer el respeto a la Ley. Una de esas acciones podría ser la renuncia inmediata de todos los funcionarios que ilegalmente ocupan cargos en el Estado.
Si esa condición y otras, como la de tener de garantes a los obispos de la Conferencia Episcopal, se dan, la verdadera oposición tendría la obligación de concurrir y tomarle la palabra al gobernante —ilegítimo a partir del 10 de enero del 2012 .
Claro que no es fácil darle la cara a quien viola la constitución, roba elecciones y atropella a quien se le ponga enfrente, pero no hay que tenerle miedo.
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