Querida Nicaragua: Cuando, como es frecuente, en una casa de habitación los amigos de lo ajeno entran a medianoche para cargar con televisores, radios, celulares y todo artículo mal puesto, el ciudadano tiene el recurso de poner la denuncia en la Policía.
Si la víctima es proclive al régimen o miembro de algún CPC, el organismo policial es muy diligente y rápidamente encontrará los objetos robados y detendrá a los cacos. Si por el contrario la víctima es una familia común y corriente y peor aún si se le conoce como crítica del régimen, la institución policial no tendrá combustible para moverse, recibirá la denuncia y la dejará en una gaveta, archivada quien sabe cuánto tiempo.
Pero cuando el robo es político no hay poder humano que lo investigue ni que castigue a los culpables. Por mucho que todas las pruebas estén a la vista, no hay culpa, ni hay delito, ni castigo.
Y un fraude electoral es un robo, un delito en contra de una inmensa parte del pueblo. Un fraude es robarle al ciudadano su derecho a elegir a las autoridades que habrán de gobernarlo.
En el fraude del pasado 6 de noviembre las pruebas están a la vista de todos, los personajes que participaron en el atraco son bien conocidos. El autor intelectual, el que da la orden es el Ejecutivo. Los que han actuado son: el poder judicial, que declaró inconstitucional a la propia Constitución para darle paso a la candidatura ilegal de Ortega, el poder electoral y su presidente Roberto Rivas con amplia experiencia en fraudes electorales, sin dejar por fuera a sus compañeros magistrados, cómplices, encubridores y defensores del fraude, también la bancada orteguista del poder legislativo, que se prestó a la fraudulenta trama.
Y claro que son culpables todos aquellos “operadores” con altos, medios y bajos cargos en el Consejo Electoral, que participaron en el escamoteo de las cédulas de identidad, en la retardación de las credenciales para los fiscales de la Alianza PLI, los miembros de los CPC, que sirvieron de comisarios políticos del orteguismo en una gran cantidad de Juntas Receptoras de Votos, los que abrieron las urnas a las tres de la madrugada para preñarlas con boletas marcadas en la casilla 2, los que votaron tres, cuatro y cinco veces en diferentes recintos electorales, algunos empleados públicos a quienes les entregaron cuatro boletas en blanco para que las llenaran al momento de la votación y un larguísimo etcétera que no cabe en estas líneas.
No hay autoridad que atienda ninguna queja, ni siquiera una impugnación pues antojadizamente el CSE adelantó la fecha para dar por cerradas las elecciones y proclamar a don Daniel como ganador.
Cuando el fraude ha llegado a tales extremos, inclusive comprobado por los observadores de la OEA y la Unión Europea, aunque su lenguaje diplomático sustituya con otras la palabra fraude, quiere decir que en nuestro pobre país circula el robo como moneda de curso legal, lo cual es una vergüenza nacional e internacional.
Nicaragua no podrá ser vista como nación democrática, sino como dictadura totalitaria, no será apreciada ni respetada por las naciones democráticas del mundo, permanecerá en un estado de aislamiento por parte de los países libres del mundo. Pero todavía nos queda algo por hacer: triunfar. El autor es director general de Radio Corporación.
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