Campaña cívica y temor del Cosep

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) está impulsando la campaña cívica “Nicaragua debe ganar, todos debemos votar”, para motivar el sufragio en las próximas elecciones.

En realidad, esta es la tercera fase de una campaña política no partidista del Cosep en tres partes, que inició en marzo pasado. La primera fue: “La nación demanda observación”, para que se permitiera la observación electoral independiente nacional y extranjera; y la segunda fue: “La cedulación es un derecho de toda la población”, en respaldo a los miles de ciudadanos que reclaman al Consejo Supremo Electoral su cédula de identificación.

Según lo ha expresado el Cosep, el interés de los empresarios al impulsar esta campaña cívica electoral es “asegurar la necesaria estabilidad democrática y cohesión social que se requiere para promover el desarrollo económico y social de nuestro país”; así como “tener estabilidad para hacer crecer los negocios, para vivir en una Nicaragua en paz, sin violencia, donde prevalezca la democracia…” De esta manera la cúpula empresarial defiende el “modelo de las libertades que nuestra Carta Magna constitucionaliza, y que en Cosep hemos abanderado y postulado…”, y además cumple su compromiso de no alinearse con ningún partido ni candidato; compromiso que, sin embargo, fue roto a principios de este mes por la asociación de empresarios agropecuarios —Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)—, la cual respaldó al desacreditado caudillo liberal Arnoldo Alemán pero luego algunos directivos matizaron que lo habían hecho a título personal, no en representación del gremio.

Sin duda que si el Cosep ha inspirado su campaña cívica electoral en el objetivo de “asegurar la necesaria estabilidad democrática y cohesión social que se requiere para promover el desarrollo económico y social de nuestro país”, así como “tener estabilidad para hacer crecer los negocios, para vivir en una Nicaragua en paz, sin violencia, donde prevalezca la democracia…”, es porque considera y teme que estos valores y condiciones se encuentran en peligro actualmente. Y es lógico este temor, porque la ilegitimidad de la candidatura de Daniel Ortega a una segunda reelección presidencial que está expresamente prohibida por la Constitución, y las graves falsificaciones del proceso electoral, auguran consecuencias muy negativas para el país en el caso de que el caudillo sandinista se imponga no solo de manera inconstitucional sino también fraudulenta.

Es fácil comprender que las recomendaciones que han hecho a su Gobierno influyentes personalidades políticas de Estados Unidos, como el exembajador Robert Callahan y la congresista republicana Ileana Ros Lethinen, de que no se debe reconocer como legítimo un siguiente período de Daniel Ortega que además de inconstitucional sea fruto de un fraude; y la posibilidad real de que la Unión Europea no certifique las elecciones del 6 de noviembre si no comprueba que han sido justas y transparentes, auguran un entorno externo muy sombrío para Nicaragua que los empresarios avizoran y temen con justa razón.

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